El gobierno de Cristina Fernández ratificó su voluntad de pagar a los acreedores que se adhirieron a la reestructuración de la deuda argentina y rechazó cualquier responsabilidad por la decisión de un banco estadounidense de no distribuir los fondos argentinos por orden judicial.

"Existe una voluntad clara de pago de parte de la República Argentina, que depositó los recursos correspondientes, y no existe atribución alguna para impedir el cobro por parte de los tenedores", dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.

A través de un aviso publicado en el Boletín Oficial y en periódicos argentinos, el gobierno señaló que los tenedores de deuda argentina que se acogieron a los canjes de 2005 y 2010 con importantes quitas "tienen un derecho absoluto e incondicional al cobro de los montos depositados por la República Argentina" a finales de junio.

El Ejecutivo argentino subrayó que es "violatoria de sus obligaciones" la conducta del Bank of New York Mellon de no pagar a los acreedores con bonos sometidos a la legislación estadounidense ni de solicitar judicialmente la posibilidad de hacerlo.

Además, subrayó que la decisión de la Justicia estadounidense de paralizar el pago a los tenedores de bonos regidos por leyes europeas "se excede en su jurisdicción".

"Un juez de Estados Unidos no tiene competencia para pender obstruir a terceros extranjeros en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales en territorio extranjero", señaló el Gobierno en el aviso.

Tras las citadas aclaraciones, el Ejecutivo de Fernández advirtió que se deslinda "de cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele a la República Argentina".

La publicación del anuncio coincide con el viaje de una comitiva argentina encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, a Nueva York para reunirse con el mediador designado por la Justicia estadounidense, Daniel Pollack, tras el fallo favorable a fondos especulativos litigantes.

El fallo, dictado por el juez neoyorquino Thomas Griesa y ratificado en segunda instancia, obliga al país suramericano a pagar US$1.300 millones más intereses a bonistas que no aceptaron la reestructuración de deuda.

El próximo 30 de julio se cumplirá el plazo de gracia que, por contrato, Argentina tiene para pagar el último vencimiento adeudado a los acreedores reestructurados sin caer en cese de pagos.