Buenos Aires. Argentina reiteró este martes su pedido de protección a la justicia de Estados Unidos en torno a la disputa con tenedores de deuda no reestructurada, que reclaman unos US$1.330 millones más intereses.

"Lo que dice la Argentina es que necesitamos un 'stay'. La suspensión de la orden de la ejecución de la sentencia" del juez de Nueva York, Thomas Griesa, planteó este martes el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.

El lunes, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández solicitó al magistrado que reponga la medida cautelar (stay) para que los bonistas que sí entraron a canjes instrumentados en 2005 y 2010 puedan cobrar, y "protección suficiente" contra el riesgo económico y financiero que puede significar la activación de la cláusula RUFO para poder alcanzar "una solución justa y equitativa a todos los acreedores".

Esa cláusula, que impide a la Argentina hacer un canje con los holdouts (fondos buitres) de manera "voluntaria" sin extender iguales condiciones a los acreedores reestructurados, vence en diciembre próximo y por eso los abogados del país sudamericano pidieron al juez que dicte el "stay".

Según Capitanich, si Griesa no hace lugar al pedido y los holdouts cobran estando vigente la cláusula RUFO, habría "implicancias sistémicas que generarían entre US$120 a US$500.000 millones, según el efecto de la aplicación por eventuales juicios que se propugnen contra la Argentina".

Para la Argentina, es "imposible avanzar con una resolución de su deuda de manera justa, equitativa y sustentable, con los acreedores que no ingresaron a los canjes, si no se otorgan garantías que protejan la deuda que fue reestructurada con el 92,4% de los acreedores".

Las palabras de Capitanich tuvieron lugar en Buenos Aires horas antes de una reunión en Nueva York a la que convocó Griesa y de la que tomarán parte holdouts y bancos.