La semana que se inició este lunes 16 trajo una pésima noticia para Argentina: la corte suprema de Estados Unidos rechazó la apelación que el gobierno había elevado contra los holdouts o fondos buitre, en Nueva York.

Con este dictamen dejaba afirme la sentencia del juez Thomas Griesa, que beneficiaba a los holdouts y que implica que el gobierno pague en cash una deuda de US$ 1.330 millones el mismo día en que deba pagar los intereses a los acreedores que se acogieron a la reestructuración de su deuda, tanto en 2005 como en el 2010. Ese día es el 30 de junio próximo. En el primer canje entraron el 76% de los acreedores, mientras que en el segundo un poco más del 16%, lo que se traduce en un 92,4% de la deuda total contraída antes de la crisis del 2001, y que asciende a US$ 81.000 millones.

El problema para el gobierno no es sólo una cuestión de plazos ni de dinero disponible, sino de procedimientos para pagar en tiempo y forma. Con el 92,4% de los acreedores el gobierno firmó una cláusula RUFO, que vence el próximo 31 de diciembre y establece que, de haber un mejor acuerdo con otros acreedores, esos otros bonistas pueden acogerse a esas mejores condiciones. Y como esta mayoría de acreedores que al momento de renegociar aceptó quitas y plazos, esto implica que podrían exigir el pago de toda la deuda contraída en el tiempo y forma de los fondos buitre. De ahí que tanto la Presidenta Cristina Fernández como el ministro de Economía Axel Kicillof en sus respectivas alocuciones al país que están en juego unos US$ 15.000 millones, más de la mitad de las reservas del Banco Central.

Mientras la Presidenta subrayó que siempre creyó en un fallo adverso y que el dictamen del juez le parecía una “extorsión”, el ministro de Economía advirtió: “No pasarán. No van a voltear nuestras reestructuraciones”. Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo. El dictamen del juez Griesa contempla embargar los US$ 900 millones que debe cancelar en intereses el gobierno argentino a través del banco que lo representa en Nueva York. El dilema entonces es cómo evitar el default, teniendo voluntad de pagar.

El mismo día que habló Kicillof se convocó a una reunión de urgencia con los jefes de bloques del parlamento. Se llevó a cabo hoy con la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, además de todos los jefes de bloques. La reunión se extendió por tres horas: hubo un halo de secretismo, la prensa no tuvo derecho a acceder a ella, e incluso la señal de teléfono e internet estuvieron bloqueadas en las salas. De la falta de señal precisamente se quejaba la gente de ceremonia y protocolo del senado que no sabía cómo iba la reunión.

Robert Cohen, le informó al juez de las declaraciones de la Presidenta y del ministro de Economía en el sentido de no pagar. Quizá por eso el juez, según informó Reuters, dijo que no le daba confianza el compromiso de pago que había hecho el gobierno argentino.

Afuera, en una sala unida por un pasillo, la prensa esperaba a que alguna autoridad saliera e informara. Por suerte la espera se hacía llevadera con café, té y sándwiches que alguna vez estuvieron sobre una mesa.

Como cuentagotas, las noticias se fueron conociendo. Primero en un pasillo aledaño gracias al economista y diputado del PRO Federico Sturzenegger, quien andaba perdido, buscando una sala en donde lo entrevistarían. Curioso que no estuviera en la reunión donde se definiría la estrategia argentina ante los holdouts; más aún cuando fue parte de la comitiva oficial que viajó hace unos días a Estados Unidos para este mismo caso. Pese a ello se dio un tiempo para decir que le hubiera gustado que hubiera “un debate más amplio, pero en buena hora que vengan al Congreso a explicar”.

Al rato apareció el jefe del bloque del Frente Renovador (de Sergio Massa), Darío Giustozzi, quien sí estuvo en la reunión y quien señaló que escucharon cosas que “ya sabíamos e hicimos una propuesta para formar una comisión bicameral”. Su gente de prensa repartía copias del proyecto de ley que establecía esa comisión bicameral, con doce senadores, doce diputados, y los objetivos a los que apuntaba: “balance, evaluación y calificación en cuanto a gestión y evolución de la deuda externa”. Sonaba a fin de ciclo, es decir como el kichnerismo se va queremos, como frente que tiene a un importante candidato a la presidencia, un claro informe de caja. Cuando este cronista le preguntó si la estrategia del gobierno era abrir un tercer canje para pagarle a los fondos buitre, señaló: “Por lo que está presentando el gobierno, sí, se trata de una nueva instancia de canje”.

Más tarde apareció el bloque de senadores radicales, encabezados por Ernesto Sanz, quien leyendo un punteo dijo: “Estamos ante un escenario complicado”. Y luego al igual que Giustozzi señaló que no es el momento de buscar culpables, sino soluciones.

Agregó que la prioridad era el 93% de los acreedores y obviamente “no entrar en default”.

Mientras el bloque de senadores radicales seguía hablando y contestando preguntas, el senador del Frente para la Victoria (FPV) Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina, ante la pregunta de si la estrategia era abrir un tercer canje, respondió: “Esto da la oportunidad para eso”.

Y al final fue el turno del jefe de gabinete, rodeado por los jefes de bloque de diputados y senadores del FPV, quien realizó un resumen de los canjes: el del 2005 y el del 2010. Además manifestó la voluntad de la capacidad de pago y confesó que aquella mañana había sentido el apoyo de todo el Congreso.

Horas después, los ojos y las esperanzas estuvieron puestos en Nueva York, cuando a eso de las tres de la tarde, hora local, el juez Thomas Griesa recibió a los abogados del gobierno argentino. En la ocasión el abogado de del fondo buitre NML,

Robert Cohen, le informó al juez de las declaraciones de la Presidenta y del ministro de Economía en el sentido de no pagar. Quizá por eso el juez, según informó Reuters, dijo que no le daba confianza el compromiso de pago que había hecho el gobierno argentino.

Pero las malas noticias continuaron: la corte de apelaciones levantó la suspensión cautelar que impedía el embargo de los bienes argentinos. Los dados están echados y los buitres vuelan sobre ellos.