Los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador mantienen abierto el análisis de un paquete de préstamos que suma en total US$651,8 millones.

De ese monto, US$355 millones corresponden a créditos en proceso de autorización, es decir, que requieren de mayoría simple (43 votos) para iniciar su negociación con la entidad financiera. Mientras que otros US$296,8 millones corresponden a préstamos en aprobación, lo que implica un proceso más complicado porque se necesita de mayoría calificada (56 votos) para que el país pueda contraer dicha deuda.

De acuerdo con un informe de la Unidad Análisis y Seguimiento del Presupuesto (UASP) que analiza dicho paquete, los préstamos irían destinados a cuatro áreas: administrativa, justicia y seguridad ciudadana, desarrollo social y apoyo al desarrollo económico. De aprobarse, cada uno de ellos tendría un impacto diferente tanto en la economía como en las finanzas públicas.

Un edificio con poco impacto. En la primera de las áreas, el préstamo en discusión asciende a US$32 millones, un monto que sería utilizado en la construcción y equipamiento de un edificio de oficinas para los diputados y los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. El empréstito ya superó su autorización para negociarse con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y ahora se encuentra en la fase de aprobación.

Según el análisis de la UASP, dicho empréstito no tendría un impacto positivo importante en el dinamismo económico del país: Lejos de eso concluye: “El préstamo de la Asamblea Legislativa será una inversión administrativa y su valor agregado a la economía es mínimo comparado con el conjunto de préstamos “, y al contrario, “acumula su valor a la deuda pública”.

El referido crédito es para un plazo de 15 años, con un período de gracia de tres años. Según la tasa de interés aplicada tomando la Libor actual sería de 4.17 % al año. Los plazos de pago negociados serían semestrales y la cuota en esos períodos rondaría los US$1,7 millones.

Durante la discusión por la que finalmente se autorizó su negociación, el 29 de mayo pasado, la diputada del partido de izquierda FMLN, Lorena Peña, argumentó a favor de la necesidad del préstamo recordando las malas condiciones en las que quedó el edificio actual a cauda de los terremotos de 2001.

“Yo quiero que seamos conscientes de que desde los terremotos de 2001, el edificio legislativo quedó en malas condiciones. Incluso, la evaluación que se hizo mostró que no tiene las condiciones para albergar a los diputados y empleados; tiene serias deficiencias. Lo que no quiero es que haya un fuerte sismo y tengamos desgracias que lamentar; debemos tener más responsabilidad con la vida de las personas”, dijo Peña.

Mayor dinamismo. En el área de justicia y seguridad ciudadana, los diputados estudian dos créditos que suman US$67,2 millones. En este apartado, la UASP señala que en un país con una tasa de 69,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, las autoridades deben imperativamente combatir el tema de la inseguridad. Con el dinero, las autoridades esperan financiar espacios seguros para jóvenes y el programa de apoyo integral a la prevención de la violencia.

Los financiamientos destinados al rubro de desarrollo social, por su parte, suman un total de $200 millones. De acuerdo con la información oficial, este monto, al igual que el de la cuarta área servirá como contrapartida al Fomilenio II y sería ejecutado por entidades como el Ministerio de Obras Públicas, el de Salud y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, entre otros.

Finalmente, en la última de las áreas, la de desarrollo económico, donde se incluyen los proyectos para la franja costero-marina, un área compuesta por 75 municipios que representa el 34% del territorio nacional y que agrupa al 22% de la población del país, el análisis legislativo se enfoca en un crédito de US$352,6 millones, de los cuales US$197,6 millones están en aprobación y otros US$155 millones en autorización.

Con dichos fondos, se financiaría 900 proyectos donde se buscaría, entre otros objetivos, el aumento de la competitividad de las mipymes, la construcción de infraestructura productiva como carreteras, conexiones con puertos y aeropuertos y otras necesidades que se consolidarían con los recursos provenientes del segundo compacto del Fomilenio firmado recientemente entre el gobierno y la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés).

A juicio de la UASP, estos préstamos serían los que tendrían un mayor impacto beneficioso en la economía de El Salvador, dado que, de ejecutarse según lo planificado en su contenido, impulsarían el crecimiento económico, y generarían empleo e inversión privada.

Sin embargo, la discusión de estos empréstitos se da en uno de los momentos de mayor presión fiscal para el país.
Actualmente, según el Banco Central de Reserva, la deuda (incluida la previsional) asciende a US$14.200 millones, es decir un 56% del PIB.

De contraer los nuevos créditos, esta llegaría a US$14.851 millones, para representar un 58,6 % del PIB.

Con todo, la UASP matiza explicando que la “ventaja es que el 84,4% de los recursos nuevos serían deuda activa y esta se reproduce con valor agregado y hace que su rentabilidad económica y social sea positiva, facilitando flujos de efectivo futuro para pagar dicha deuda”.