Santiago de Chile. El proyecto de reforma tributaria del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que se debate en el Congreso, incluye la tributación internacional de empresas chilenas en el extranjero, destacaron hoy expertos locales.

Las empresas chilenas que invierten en el extranjero sólo tienen ahora que reconocer las utilidades tributarias cuando se remesan a Chile, es decir, en base percibida.

De aprobarse la reforma que envió al Congreso el gobierno a finales de marzo, cuando compañías locales tengan inversiones en el exterior, que se traduzcan en rentas pasivas generadas por entidades controladas (dividendos, intereses, royalty, rentas de arrendamiento de bienes inmuebles, etc), van a tener que tributar en base devengada.

Con esto se logra que los impuestos que se estaban difiriendo van a tener que pagarse en base devengada, igual como se paga la renta de fuente chilena.

Expertos fiscales coinciden en que las modificaciones a las normas de tributación internacional de firmas en el exterior, de aprobarse, tendrán gran impacto, aunque el Ministerio de Hacienda afirma que la idea es que Chile converja a los estándares contra la elusión y evasión del proyecto internacional BEEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Norberto Rivas, académico de la Universidad de Santiago, comentó este viernes que la tributación internacional "es una de las novedades de la reforma, ya que se incluyen normas para las rentas por inversiones pasivas en el extranjero y que se aplica a escala mundial".

El objetivo de la medida es gravar con impuestos en Chile a rentas que se deriven directa y/o a través de una filial en el extranjero, en el caso de entidades controladas sin domicilio o residencia en el país, y que se encuentren en una nación o territorio de baja o nula tributación.

Según Rivas, esa norma "es muy importante porque la reforma se propone cambiar la norma sobre residencia fiscal, igualando la legislación interna con los estándares internacionales".

Hugo Hurtado, director International de Tax & Legal de la auditora Deloitte, dijo que de aprobarse la medida permitirá al Servicio de Impuestos Internos (SII) regular ciertas operaciones en el exterior cuando a su juicio no tengan una razón económica.

"Por ejemplo, si las partes realizaron un contrato, que en opinión de la autoridad no tiene un fin de cumplir una necesidad comercial sino el ahorro de un impuesto, el SII puede impugnar y gravar los tributos que correspondan", explicó el directivo.

Indicó que el Ministerio de Hacienda pudo haber detectado que mediante actos elusivos, las empresas contribuyentes estaban pagando menos impuestos.

"Por ejemplo si una sociedad chilena le presta dinero a una filial, la autoridad podrá señalar que esa operación es un retiro encubierto de utilidades".

Actualmente, si para evitar la aplicación de esa norma, la sociedad aporta capital en el exterior, dado que no es deuda, la autoridad no podría recacterizar esa operación.

Pero el nuevo proyecto de ley tributaria dice que, a pesar que sea capital, en el fondo es un préstamo y, por tanto, es un retiro encubierto de utilidades.

Con la eventual reforma tributaria, la mayor desde 1990, el gobierno busca fomentar el crecimiento económico en un 3% del PIB y elevar la competitividad y la inversión extranjera, con el fin de recaudar unos US$8.200 millones cada año para financiar la reforma a la educación y otros programas sociales.

Gonzalo Polanco, director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, aseguró que la reforma tributaria propone una nueva norma general anti elusión.

"El SII podrá cuestionar operaciones en el extranjero que tengan como fin el ahorro de impuestos. Además, el Servicio de Impuestos sancionará las simulaciones, porque se puede dar el caso que se declare una donación, pero lo que en realidad había era una compraventa", comentó.

Mencionó que se ha detectado que hubo planificaciones, especialmente de empresas grandes, que utilizan los beneficios y legislaciones de otros países para obtener beneficios económicos.

Loreto Pelegrí, socia del Area Legal y Tributaria de PwC Chile, agrega que la incorporación de los CFC Rules (Controlled Foreing Corporation Rules) es una medida para ponernos al día con los países de la Organización para la Cooperación Economica (OCDE), a la que pertenece Chile.

En el proyecto de reforma se plantea que cuando el SII detecte estrategias tendientes a eludir el impuesto, podrá determinar que existió un abuso o simulación por parte del contribuyente y la multa que sería de 50 millones de pesos chilenos (unos US$100.000) para los responsables por no cumplir sus deberes.