La semana pasada tuvieron lugar varias reuniones con representantes de gremios como parte de las consultas del proyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y en camino de su reglamentación.

Uno de los temas más delicados de la también conocida como ley antilavado son las disposiciones relacionadas con el reconocimiento del cliente y los requisitos que deben pedir “los sujetos obligados”. Cabe recordar que existen más de 25 actividades bajo esta denominación.

Uno de los sectores que estarían en contra de algunas de las disposiciones de la nueva ley son los abogados, quienes actualmente se encuentran en consulta con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por algunas “objeciones”.

La Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá) consultó a José Alberto“Toto” Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien indicó que las conversaciones las está realizando Carlos Ernesto González, quien a su vez confirmó que hay puntos en los que no están de acuerdo, pero aún no los darían a conocer. Los abogados están preparando una reunión, que podría realizarse este lunes 2 de marzo, para discutir los aspectos que contempla la nueva Ley Antilavado.
Los puntos en contra que tendrían los abogados estarían relacionados con la cantidad de reportes que tendrían que hacer, tanto firmas como abogados independientes.

Quienes también se reunieron con los representantes del MEF fueron los representantes de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), que representan a los casinos.
Antonio Alfaro, presidente de ASAJA, explicó a ANPanamá que solicitaron cambios en dos puntos. El primero es que el borrador de la ley estipula que un porcentaje de las multas impuestas sea para los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo cual no consideran conveniente. Están proponiendo que ese porcentaje sea destinado a temas relacionados con capacitación y educación, entre otras cosas, para que no se desvirtúe.

El otro punto que pide ASAJA que sea revisado es sobre los reportes que tendrían que hacer como sujetos obligados. ASAJA está pidiendo que quede tal como están en este momento. Los casinos son definidos como sujetos obligados especiales según la norma vigente. La diferencia es la cantidad de datos que tiene que proveer de cada persona.

Alfaro explicó que, de acuerdo con lo establecido en el borrador de la ley,si ellos reportan igual que un sujeto obligado, por ejemplo una entidad bancaria, no podrían proporcionar tanta información por las características de sus negocios. Por lo general, ellos reportan las transacciones, el nombre, identificación y otros datos, siguiendo el modelo de Las Vegas y Atlantic City.

Agregó que sus conversaciones con los representantes del MEF se han efectuado en un buen ambiente y con amplia comunicación, pero aún no se ha tomado una decisión sobre las solicitudes.

Los miembros de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón también están pidiendo cambios, pero que sean introducidos a través de las reglamentaciones.

Severo Sousa, expresidente del gremio, dijo que el impacto negativo de esta ley dependerá de la reglamentación. Afirmó que si todos los ingresos de dinero se tienen que verificar tan minuciosamente, sería complicado para la gente en la Zona Libre de Colón (ZLC). Sousa señaló que cuentan con formularios, pero no pueden pedir tanta documentación y prerrequisitos como un banco. Además, hay que recordar que su negocio es comercial. “Podría convertir a la ZLC en poco operativa”, dijo el también presidente del Consejo Empresarial Logístico.

La nueva ley y su reglamentación debe ser llevadas en mayo a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es un elemento importante para que el país salga de la lista gris en la que se encuentra.