El objetivo es motivar la intermediación financiera hacia actividades estratégicas para el desarrollo de la nación, sobre todo en la pequeña y mediana industria, señala el oficialismo.

La banca pública necesita menos rigurosidad. El oficialismo ha planteado incluir en la agenda legislativa una norma que diferencie al sistema público del privado.

El objetivo es motivar la intermediación financiera hacia actividades estratégicas para el desarrollo de la nación, sobre todo en la pequeña y mediana industria.

Ésta debe tener un significado y regirse por términos distintos, su fin último no es la acumulación de capital, sino estimular el crédito. Y por tal razón en el Gobierno consideran que ésta no puede estar sometida a la rigurosidad de la Ley que fiscaliza y regula a la banca privada.

Entre los aspectos que deben diferenciarla cuentan tasas de interés más accesibles, deben establecerse la figura de los créditos solidarios y los prestamos sociales con bajo rendimiento.

Así como en materia administrativa y legal, debe revisarse su régimen de encaje legal, la conformación de capital social, dado que se trata de un sistema que maneja el Estado, sus medidas de sanción, entre otros aspectos.

Fuentes del gobierno aseguran que el objetivo de esto no es convertirse en una competencia para la banca privada, por el contrario, es minimizar la necesidad de intermediación en esos sectores que se consideran estratégicos para los planes de desarrollo.

Esto no implica eliminar los créditos de consumo en la banca pública, pero sí se les establecería un límite, pues ese es el negocio de la banca privada. Y sus tasas de interés serían las mismas establecidas para el mercado.

Con esto aspiran a fortalecer el sistema de inversión del país, para asegurar un desarrollo económico estable, y que éste se traduzca en calidad de vida.

En el Parlamento aseguran que la banca privada muchas veces prefiere pagar las multas que cumplir con las carteras de crédito, por el riesgo que representan. Sin embargo, otros señalan que esas carteras se quedan frías porque no hay quien solicite crédito.

Es innecesaria otra ley

El diputado por Primero Justicia (PJ) Rafael Guzmán, considera que diseñar una ley especial para regular a la banca pública es innecesario. "La banca es una sola, todos viven de la intermediación financiera".

El asambleísta considera que la diferencia final está en "qué hacen con sus utilidades".

A su juicio una nueva ley no tendría ningún sentido social, pues asegura que la Ley General de Bancos no establece límites, por el contrario, sólo determina "mínimos" para la intermediación en cuanto a carteras de crédito, el máximo lo decide cada banco.

"Si el banco quiere dar más al sector agrícola, al inmobiliario, es una decisión propia", indica Guzmán.

El diputado de PJ dice que esto se puede convertir en un problema perverso, porque los bancos que posee el Estado no se darán abasto para atender todas las necesidades de intermediación.

Guzmán indica que el Gobierno debe incentivar el crédito, "pero al contrario ponen a los bancos a comprar bonos, y en vez de prestarle a la gente, esos recursos se usan para prestarle al Estado, y mientras, ellos aumentan posición en moneda extranjera".