En gran parte de América Latina, muchos residentes acaudalados han resentido por mucho tiempo tener que pagar altos impuestos para financiar lo que consideraban como hospitales públicos de baja calidad y una educación pública defectuosa.
Cuando Argentina lanzó un programa de amnistía fiscal el año pasado para traer de vuelta miles de millones de dólares ocultos fuera del país, se encontró con un apoyo inesperado: los bancos cuyos clientes tenían dinero guardado en el extranjero.
El presidente Mauricio Macri tenía una motivación más que suficiente: los argentinos tenían unos US$400.000 millones sin declarar fuera del país sudamericano, mientras la economía doméstica estaba en una recesión que aún persiste y el gobierno necesitaba desesperadamente incrementar su recaudación.
Macri ofreció a los residentes la posibilidad de declarar activos hasta el final de marzo y pagar solo una multa, en lugar de ser procesados por evasión fiscal. Pero hay un incentivo adicional, que marcó un quiebre con el pasado y que no tuvo relación con el diseño del plan oficial.
Esta vez, los argentinos ricos que tienen cuentas "offshore" en dos de los mayores administradores de patrimonio del mundo, J.P.Morgan Chase & Co y UBS AG, comenzaron a recibir cartas de los bancos solicitando pruebas de que habían declarado sus activos a las autoridades, dijeron tres personas con conocimiento de la situación.
Para el final de 2016, los argentinos habían declarado unos 97.800 millones de dólares, y se espera que esa cifra crezca mucho más antes de que expire el plazo de marzo.
El resultado preliminar ya sobrepasó las estimaciones iniciales de analistas, que esperaban US$60.000 millones, y quedó lejos de la amnistía previa que entre 2013 y 2015 consiguió el "blanqueo" de apenas 2.600 millones.
"Esto sólo se puede explicar por algo de ayuda de los bancos", dijo Eduardo Aguilera, un abogado experto en derecho fiscal de la firma RCTZZ Abogados, con base en Buenos Aires.
Aguilera dijo que tiene clientes que recibieron cartas de J.P.Morgan y UBS y otros clientes que fueron alentados a participar de la amnistía en conversaciones más informales con banqueros de Citigroup Inc and Wells Fargo & Co.
Los bancos rechazaron hacer comentarios al respecto.
No está claro qué porcentaje del monto puede ser atribuido a la actuación de los bancos. Pero más de media docena de personas involucradas en programas de amnistía -entre ellos contadores y abogados- dijeron que los bancos tuvieron un rol fundamental.
Las fuentes describieron acciones similares por parte de bancos en planes de amnistía recientes en Brasil y en Chile.
Esos esfuerzos marcan un giro radical de los bancos respecto de su posición más pasiva ante anteriores programas de amnistía, y reflejan una creciente sensibilidad frente a regulaciones más estrictas y una percepción de que ellos mismos podrían resultar cómplices de evasión fiscal.
"Ellos han decidido dejar de ayudar a sus clientes a esconder dinero", dijo el abogado basado en Miami Martin Litwak, fundador de Litwak & Partners, que ha asesorado a clientes que participaron en amnistías fiscales en la región y que tuvo clientes argentinos que recibieron cartas de J.P.Morgan y UBS.
Litwak afirmó que en las cartas los bancos piden a sus clientes que confirmen que sus activos están declarados, en algunos casos con la certificación de un contador o un abogado, y solicitan permiso para intercambiar información de sus cuentas con las autoridades.
"Los bancos juegan un rol fundamental. Si los bancos no están involucrados, no hay nada que el Gobierno pueda hacer o decir para convencer a la gente de participar", dijo Litwak.
Pánico familiar. Las cambiantes dinámicas en relación a planes de amnistía pueden ser atribuidas a dos fuerzas igualmente potentes: reglas más estrictas e indignación pública.
En gran parte de América Latina, muchos residentes acaudalados han resentido por mucho tiempo tener que pagar altos impuestos para financiar lo que consideraban como hospitales públicos de baja calidad y una educación pública defectuosa.
Además, estaba la corrupción en el Estado, la posibilidad de hiperinflación y los temores de la confiscación de sus ahorros.
Todo eso podía ser evitado guardando su dinero en cuentas bancarias en el exterior, fuera del alcance de los recolectores de impuestos de sus propios países. Los programas de amnistía fiscal lanzados por gobiernos con necesidades financieras para repatriar fondos generaron poco entusiasmo en el pasado.
"Tuvimos otras amnistías fiscales, pero esta está inscrita en un marco mucho más amplio de transparencia en el mundo" , dijo Humberto Bertazza, socio en la firma contable Bertazza Nicolini Corti & Asociados, en Buenos Aires.
Las medidas públicas más severas contra la evasión fiscal comenzaron luego de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Ese país aprobó en 2010 una ley que obliga a las entidades financieras a compartir con el Gobierno información de las cuentas de ciudadanos estadounidenses en el exterior.
Brasil, Chile y Colombia se plegaron a esa ley en 2014 y tienen acuerdos de reciprocidad que implican que las autoridades de Estados Unidos envían a ess gobiernos datos sobre los activos de sus ciudadanos en el país norteamericano. Argentina ha tomado pasos para seguir ese camino.
Algunas naciones latinoamericanas alcanzaron acuerdos adicionales para compartir información entre ellas, y también con paraísos fiscales como Suiza, en ese caso con el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Luego llegó el caso de los "Papeles de Panamá", una masiva filtración de datos sobre cuentas sin declarar en el extranjero. Las revelaciones de esos documentos, difundidos el año pasado, exacerbaron la indignación pública sobre el alcance de la evasión por parte de personajes ricos y poderosos.
En 2015, Brasil había sido convulsionado por la revelación de que 6.000 ciudadanos tenían cuentas secretas en la unidad suiza del banco HSBC Holdings Plc.
"Yo convencí a varios de mis clientes solo diciendo: 'te van a apreciar más en el país donde está tu banco cuando envíes pruebas de que ingresaste en la amnistía'", dijo Aguilera.
Cuando Brasil lanzó su amnistía el año pasado, ejecutivos de gestión de patrimonio de UBS, Pictet Group AG y Credit Suisse Group recibieron la orden de decirle a sus clientes que declaren cuentas secretas y se sumen al plan oficial, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento directo de la situación.
Algunos bancos incluso fueron más allá: en algunos casos, les dijeron a clientes que no querían participar en el programa brasileño que se llevaran su dinero a otro banco, dijo una de las fuentes familiarizadas con la amnistía fiscal.
"Nuestro abogado y el banquero de nuestra familia básicamente nos dijeron que declaremos absolutamente todos los activos que tenemos en el exterior, y lo dijeron de una manera que generó pánico en toda la familia", afirmó un cliente de São Paulo de la banca privada de UBS en Suiza, que pidió anonimidad.
"Nos costó mucho pero ahora entendemos por qué fue tan grande la presión para que hiciéramos esto", señaló.
