"Hemos logrado exitosas conciliaciones, por tanto, un ahorro de más de US$2.500 millones que representa el 76% del total exigido por las compañías", dijo el procurador general del Estado, Pablo Menacho.
La Paz.- Bolivia ahorró más de US$2.500 millones por acuerdos de conciliación con empresas transnacionales que fueron nacionalizadas, y pagó hasta el 2017 unos US$828 millones de indemnización por 12 expropiaciones.
"Hemos logrado exitosas conciliaciones, por tanto, un ahorro de más de US$2.500 millones que representa el 76% del total exigido por las compañías", dijo el procurador general del Estado, Pablo Menacho, a la televisión estatal el 15 de junio pasado.
Menacho explicó que Bolivia fue llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por varias empresas transnacionales que demandaban un total de US$3.404 millones por concepto de indemnizaciones tras las nacionalizaciones que encabezó el presidente Evo Morales de 2006 a 2010.
Las nacionalizaciones iniciadas en mayo de 2006 con la renegociación de contratos con varias compañías extranjeras que explotaban hidrocarburos en Bolivia, incluyeron a empresas como la italiana Telecom (telecomunicaciones), la británica Panamerican Energy (explotación de hidrocarburos), la anglo-holandesa Shell (combustible) y la francesa Corani (electricidad), entre otras.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría General del Estado, hasta 2017 Bolivia había pagado indemnizaciones derivadas de los acuerdos de los arbitrajes por 828 millones de dólares que representan el 24% del total que demandaban inicialmente las compañías.
Al respecto, el procurador aseveró que el gobierno del presidente Evo Morales cerró la era de las nacionalizaciones "importantes" que culminaron con un proceso exitoso y de gran aporte al país.
"Esta forma de nacionalizar responsablemente le ha dado un gran impulso al país, no ha ahuyentado la inversión tanto nacional como extranjera, la inversión está presente en varios sectores, fundamentalmente en hidrocarburos", declaró.
Por su parte, el docente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Abraham Pérez, en entrevista con Xinhua opinó que el mayor acierto del gobierno boliviano fue la nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas que aportaron importantes ingresos al país.
Según el experto, el pago a las empresas, de más de US$800 millones, se justifica por los ingresos que recogieron dichas compañías, principalmente en el sector de hidrocarburos, que recibió, sólo por renta petrolera, US$35.000 millones en los últimos 12 años.
"Los fundamentos de la economía boliviana se mantienen inalterables y recoge los beneficios de la nacionalización de sus recursos naturales y empresas estratégicas. Gracias a la nacionalización de hidrocarburos, Bolivia mantiene una tendencia al crecimiento económico", afirmó.
Además, señaló que las inversiones en los sectores estratégicos nacionalizados permiten recoger millonarias utilidades y que Bolivia tenga un desarrollo sólido en cuanto a energía eléctrica, a la producción de alimentos y la industrialización de sus recursos naturales.
De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, la indemnización en el sector de hidrocarburos le costó a Bolivia más de US$700 millones, en los cuales están incorporados los cuatro millones que pedía la empresa británica de abastecimiento de combustible para aviones Air BP.
El monto total de US$828 millones de pago de compensación por las expropiaciones incluyen los convenios alcanzados con ETI Eurotelecom Internacional, por la expropiación de sus acciones en Entel; con la empresa eléctrica Rurelec, y con la española Abertis, por la nacionalización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA) en 2013.
Sin embargo, aún está pendiente un pago de US$57 millones a la minera chilena Quiborax, cuyo fallo en el CIADI se conoció el pasado 18 de mayo.
Según la Procuraduría, aún están en curso arbitrajes con las compañías South American Silver, Glencore, Jindal Steel Bolivia y BP Investment, que en total demandan US$731,7 millones por anulación o modificación de contratos.
