El gobierno boliviano aún no ha fijado una fecha precisa para el arranque de operaciones de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, pues aún espera el traspaso de parte de las AFP, de los juicios contra los empleadores deudores.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas que operan en Bolivia, que son filiales de grupos de España y Suiza, serán sustituidas por una gestora estatal en próximas semanas, anunció este domingo el gobierno.
La Constitución boliviana establece que la dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social, y que esos servicios no podrán ser privatizados ni concesionados.
El gobierno boliviano aún no ha fijado una fecha precisa para el arranque de operaciones de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, pues aún espera el traspaso de parte de las AFP, de los juicios contra los empleadores deudores con la garantía de que esos recursos deben ser recuperados a favor de los trabajadores.
El director de Pensiones del ministerio de Economía, Marcelo Ticona, explicó a Xinhua que la nueva Ley de Pensiones, que también crea la gestora, debió comenzar a operar desde octubre del año pasado y estar a cargo de la administración de los aportes de los trabajadores, tras la sustitución de las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBVA.
"Lo cierto es que estamos en la fase final de traspaso de las AFP y seguramente en las próximas semanas se hará realidad este hecho como lo establecen la Constitución y las leyes", explicó.
Con la creación de este sistema, termina la era de las AFP que llegaron en 1997 para poner fin al caos creado hasta ese entonces por el llamado sistema de reparto, cuyas deudas por mal manejo aún se siguen pagando.
"Debemos ser muy responsables para hacer la transición de las AFP a la Gestora Pública", puntualizó Ticona.
Explicó que uno de los temas pendientes que debe resolverse para ejecutar esta transición es la transferencia de todos los juicios iniciados a las AFP a los empleadores morosos (empresas).
De acuerdo con el director de Pensiones del ministerio de Economía, son cerca de 7.000 procesos judiciales de los que se debe tener la garantía de que al recibir estos juicios se pueda recuperar el dinero que se adeuda.
"Estos juicios actualmente son administrados por las AFP y seguramente serán continuados por la Gestora Pública y la responsabilidad es que al recibir los procesos podamos darle la garantía al trabajador de que sus aportes serán recuperados", afirmó.
Además, señaló que en la transferencia de las AFP a la Gestora, los fondos de pensiones de los trabajadores se mantienen intactos sin modificaciones y lo único que cambia es la administración que pasa de ser privada a una estatal.
"Dado que la contabilidad o el manejo de los recursos son independientes, entre el administrado y los fondos no existe mayor cambio para el asegurado porque sus aportes están ahí, por eso lo único que cambia es el administrador", aseveró.
El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP Previsión, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service.
Nueva Ley de Pensiones. La nueva Ley de Pensiones promulgada en diciembre de 2010 aún no logró ejecutarse en su totalidad por falta de dos reglamentaciones y el traspaso del fondo de aportaciones a la Gestora Pública, como consecuencia de la oposición de la Central Obrera Boliviana (COB).
Con los dos últimos reglamentos se cierra el círculo para dar una implantación total de la Ley de Pensiones, pero aún existen trabas de la COB y el Poder Ejecutivo no logró allanar el camino de una solución.
Pese a este caminar parcial de la nueva normativa de Pensiones, en dos años se logró jubilar a 20.000 trabajadores, respecto a los 30.000 que ingresaron a este sector con la anterior ley entre 1997 y 2010.
Además, se experimentó un crecimiento de 36,8 por ciento en recaudaciones de los aportes en dos años, al pasar de 38.000 millones de bolivianos (US$5.497 millones) en 2010, a 53.000 millones de bolivianos (US$7.667 millones) en 2012.
La Dirección Nacional de Pensiones del ministerio de Economía dejó establecido que para considerar cambios a la ley al menos se debe poner en ejecución completamente la norma de Pensiones y eso "aún no ha sucedido".
"Tenemos pendiente dos reglamentaciones que se deben emitir, la primera es muy importante que tiene que ver con las inversiones de recursos, y la segunda, referida con las prestaciones del sistema de pensiones", afirmó Ticona.
El funcionario lamentó que el debate y diálogo de un año con la entidad matriz de los trabajadores no haya logrado consenso para las dos reglamentaciones pendientes.
"La intención del gobierno es clara de reglamentar por completo la Ley de Pensiones, con todos los beneficios que otorga esta medida y luego considerar los cambios que se planteen", aclaró ante la demanda de la COB.
Condiciones sindicales. El gobierno no puede aplicar aún el Aporte Nacional Solidario a las rentas, dietas, alquileres, primas, dividendos y otros para que sean destinados al Fondo Solidario, debido a que la COB lo condicionó a que se realicen modificaciones a la Ley de Pensiones.
El secretario de Finanzas de la COB, Oscar Tapia, dijo que no se viabilizará ningún decreto reglamentario mientras el Ejecutivo no acepte la modificación a la normativa.
La entidad laboral demanda del Organo Ejecutivo que la jubilación sea con 70% del referente salarial, porque en la actualidad es de 60%.
También pide el alza de la pensión mínima solidaria (unos US$84) a un salario mínimo nacional (US$144) y que el Estado aporte al Sistema Integral de Pensiones.
"Mientras no haya una modificación a la Ley de Pensiones no va a haber ninguna reunión para acordar los decretos reglamentarios", declaró.
