La Paz. El proyecto de la nueva Ley de Pensiones fija un plazo de menos de dos meses, luego de presentados los cargos, para que la justicia determine el remate de bienes de las empresas que no estén al día con los aportes para jubilación de sus trabajadores.

Así lo señaló el viernes el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, al referirse al proceso coactivo contemplado en la norma para recuperar el dinero de los aportes no entregados por empleadores, informa La Razón.

"En el proceso coactivo, uno presenta la nota de cargo y en un plazo de 20 días, el juez dicta sentencia y anota preventivamente los bienes, vale decir, que ya es muy rápida la anotación de bienes de la empresa. Y en un tiempo menor a dos meses, estamos entrando al remate. Entonces, vamos a tener procesos muy ágiles para recuperar el dinero", indicó la autoridad, en entrevista con la Red Uno.

Según el artículo 110 del proyecto de ley, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo presentará el proceso ante los jueces de Trabajo y Seguridad Social, a través de una nota de débito contra el empleador que hubiese incurrido en mora.

La autoridad judicial, añade, "en un plazo no mayor a 20 días dictará la sentencia, ordenando se disponga el embargo o anotación preventiva sobre los bienes del coactivado, otorgándole un plazo de tres días para el pago de la obligación".

La norma dispone que la empresa o empleador, una vez citado por la justicia, tiene cinco días de plazo para argumentar los siguientes aspectos: el pago documentado de los aportes, la inexistencia de la obligación de pago o la incompetencia de la autoridad judicial a cargo.

"Transcurrido el plazo establecido o habiéndose rechazado las excepciones opuestas, el juez determinará fecha y hora de remate de los bienes embargados o anotados preventivamente", se lee en el Artículo 111.

Despido. La Razón informó este viernes de que el proyecto de ley establece que si el empleador no está al día con el pago de las contribuciones del asegurado, éste no podrá despedirlo hasta cumplir con este requisito. En caso de que el trabajador decida retirarse voluntariamente, "lo podrá hacer, pero no se podrá aprobar el finiquito del empleado, en la medida en que (la empresa) no se ponga al día", aseveró el viceministro.

"De todas maneras, ya estaríamos identificando al empleador que no ha pagado (los aportes) y lo que deberíamos hacer es iniciarle un proceso penal", afirmó.

Rentabilidad. Según el proyecto, los trabajadores independientes que retiren sus aportes de manera voluntaria deberán devolverlos junto a los montos correspondientes a la generación de rendimiento, en caso de que decidan regresar al sistema y aportar nuevamente para su jubilación.

Compra de software. El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó de que el Gobierno busca comprar el sistema software de la AFP Previsión para que la futura Gestora Pública se haga cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) informó el miércoles de que negocia con el gobierno su salida de la gestión de la administración de los aportes para la jubilación.

"Como ellos son los dueños del software y de los derechos de autor, nosotros enviamos una carta de intenciones para ver cuáles serán las condiciones, si es que ellos (BBVA) están dispuestos a venderlo", afirmó, según ANF.

El artículo 149 del proyecto de ley de pensiones autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a proveer de bienes muebles e inmuebles, así como recursos financieros, para el inicio de actividades de la Gestora Pública de Pensiones.

"Para nosotros, es una posibilidad más que manejamos", aseguró Guillén. La decisión para la compra de este tipo de equipos será tomada en "función de la versatilidad que tenga cada software", agregó. El Gobierno, dijo, analiza las condiciones de la transacción.

Arce: El cambio no será 'traumático'. El gobierno confirmó que negocia la salida de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión para que la transición de ahorros de los asegurados de una gestora privada a una pública no sea "traumática".

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, a tiempo de manifestar su confianza en que el número de aportantes se incremente de forma paulatina.

"Recientemente, el viceministro de Pensiones (Mario Guillén) se ha reunido con las dos AFP (...). Hay negociaciones para coordinar el tránsito de la gestora privada a la gestora pública", expresó. El 18 de noviembre, La Razón informó de que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), propietario de la AFP Previsión SA, estaría negociando con el gobierno su salida de la gestora que maneja los aportes para la jubilación.

"Estamos preparando el retiro de las AFP para que (el cambio) no sea traumático para la gente; para que sus ahorros pasen de una manera muy transparente hacia la gestora pública", sostuvo.

El proyecto de Ley de Pensiones establece en su artículo 146 la creación de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que estará a cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones. La gestión de la entidad, que estará considerada como una Empresa Pública Nacional Estratégica, estará a cargo de un presidente y cuatro directores.