Las entidades financieras que incumplan con las obligaciones dispuestas por el Decreto Supremo 910 serán sancionadas con una simple amonestación, hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento.
La disposición reglamenta el artículo 185 del Código Penal respecto a la legitimación de ganancias ilícitas. La organización encargada de indagar este delito es la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidad dependiente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
Las entidades financieras que incumplan con las obligaciones dispuestas por el Decreto Supremo 910 serán sancionadas con una simple amonestación hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento.
“La Asfi podrá aplicar la cancelación de la autorización de funcionamiento a Entidades de Intermediación Financiera y de Servicios Auxiliares Financieros, cuando se establezca la comisión de infracciones, que por su gravedad amerite una sanción mayor a las previstas precedentemente”, indica el artículo 11, inciso g) de la referida disposición legal.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó ayer en rueda de prensa de la aprobación de dicho decreto que impide la legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero y en entidades de valores y seguros.
Con la aprobación de este decreto, dijo, las entidades financieras deberán reportar de manera detallada a la UIF y cuando dicha institución así lo requiera toda la información sobre las transacciones que se realicen y que sean consideradas como sospechosas.
El ministro señaló que el decreto reglamenta el artículo 185 del Código Penal que hace referencia al Régimen Penal y Administrativo de la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Para evitar las ganancias ilícitas o el “blanqueado” de dinero, el artículo 9 de la norma establece obligaciones que deberán ser cumplidas por el sistema financiero. Su incumplimiento supondrá la aplicación de sanciones.
Estas responsabilidades están referidas a que las entidades financieras tendrán la obligación de obtener información del cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como el objeto de la operación y la identidad del beneficiario cuando una operación presente condiciones de complejidad inusitada o injustificada, o parezca que no tiene objeto lícito. Además, se deberá registrar al cliente y beneficiario económico según las condiciones establecidas por instrucción de la UIF, verificar mediante medios fehacientes la identidad del usuario registrado o personería jurídica, el domicilio, entidad, representante legal, ocupación, actividad u objeto social según se trate de una persona natural o jurídica y nivel de ingreso percibido.
Instó a las instituciones financieras a designar un funcionario responsable encargado de la coordinación entre la entidad y la UIF para realizar el seguimiento correspondiente.
Se cumplió de forma relativa. Según el ministro Arce, el sistema bancario ha estado cumpliendo relativamente con el requerimiento que realizaba la UIF, pero se requiere incorporar este tipo de sanciones administrativas para que la información no sea buena, sino excelente para que la UIF y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) puedan regular y establecer las omisiones.
Los reportes a la UIF son a partir de los US$10.000
Actualmente, toda persona que realiza transacciones iguales o mayores a $us 10.000 en entidades financieras está obligada a llenar una boleta donde debe indicar expresamente el origen y el destino de los recursos. La información, posteriormente, y cuando es requerida, es remitida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La función principal de la UIF es la de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas. Para dar cumplimiento a su función principal, la UIF solicita cooperación técnica, logística o funcional a cualquier organismo público.
Méndez: ‘Decreto ahuyentará clientes’. El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y analista económico, Armando Méndez, aseguró que el Decreto Supremo 910, que establece un mayor control en las transacciones financieras sospechosas de ganancias ilícitas, ahuyentará a los clientes de las entidades financieras. “Va a ahuyentar a los clientes del sistema financiero y vamos a volver al tiempo cuando toda la gente manejaba los billetes”, sostuvo.
Méndez aseguró que la banca es rigurosa y cumplirá con dicha normativa, aunque se debilite. “Mucha gente va a dejar de usar los bancos, va a hacer negocios fuera de ellos y eso se llama desbancarizar el país, y eso no es buena solución”.
Además, el expresidente del BCB indicó que el decreto provocará que la gente decida retirar sus depósitos, se reduzca el número de ahorristas y haya una menor actividad financiera.
Según Méndez, con dicha normativa el Gobierno está tratando de controlar los movimientos financieros por medio de la banca. “Ésa no es la solución al problema de la informalidad (...). Esto de buscar mediante la banca quién es informal, quiénes son y de dónde ganan no sirve. Además no nos olvidemos que la burocracia estatal es muy débil, nada va a conseguir sólo frenar la actividad comercial financiera y por tanto son frenos al desarrollo económico” del país, aseguró.
Señaló que la economía del país es informal y debe ser formalizado, lo que no es igual a la actividad ilegal del narcotráfico.
