La administración del presidente Evo Morales abrió este jueves la posibilidad de implementar un impuesto a la riqueza como parte de la política de redistribución de ingresos contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.

“En este momento no se está trabajando sobre el tema”, pero “no se ha descartado” un impuesto; “se ha hablado de una posibilidad, precisamente como parte de esa distribución de la riqueza”, sostuvo ayer la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos.

Antes de adoptar esta decisión, explicó la funcionaria, el gobierno tendría que realizar un estudio de los niveles de ingresos en Bolivia e identificar aquellos que sean los más altos.“Hay personas que ganan muchísimo y hay personas que ganan poco (y), por supuesto, hay que seguir trabajando en ese proceso de redistribución de la riqueza”, manifestó.

Este lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera descartó la aplicación de un impuesto al salario, pero sugirió a la Asamblea Legislativa empezar a debatir la implementación de un “impuesto a la extrema riqueza”.

El debate surgió a raíz de unas declaraciones realizadas el pasado fin de semana por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien señaló que el Órgano Ejecutivo analiza la posibilidad de aplicar un impuesto a los ingresos con el objetivo de profundizar la redistribución de los ingresos en el país.

Fondo. Por otra parte, consultada con respecto a si los aportes que realizarán las rentas mayores a Bs 13.000 (de inversiones efectuadas en el país o en el exterior, alquiler de bienes muebles e inmuebles y de los dividendos de los accionistas de iniciativas societarias) serían consideradas un impuesto a los ingresos altos, la viceministra Ríos respondió “que (el aporte) conceptualmente no es impuesto”.

El aporte para “el destino del Fondo Solidario es asegurar la renta de vejez digna para todos los bolivianos; mientra que todo lo que se recauda por impuestos va al Tesoro General de la Nación para que el Estado pueda cubrir sus gastos”, explicó la funcionaria.

La Federación de Empresarios Privados de La Paz considera que si el Órgano Ejecutivo implementa un impuesto a la riqueza, sería el segundo, porque el primero está relacionado a la Ley de Pensiones que creó un “impuesto” que pagan sus afiliados al Fondo Solidario y que consiste en el 3% sobre el total ganado de sus empleados para su pensión de jubilación.

El Fondo Solidario es financiado por un aporte patronal de 3%, un aporte laboral de 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales y el descuento a los salarios superiores a Bs 13.000. El Gobierno tiene previsto recaudar Bs 648 millones por el aporte patronal durante el primer año de vigencia del nuevo sistema de pensiones.

Rentas altas financian al fondo. Además del aporte patronal y laboral, la Ley de Pensiones determina que el financiamiento del Fondo Solidario provendrá del rendimiento de inversiones (externas e internas), del alquiler de bienes muebles e inmuebles y de los dividendos de los accionistas, entre otros.