Brasilia. El gobierno de Brasil podría restringir la transferencia de pensiones a familiares de funcionarios públicos fallecidos, reportó el domingo Folha de Sao Paulo, a fin de limitar lo que se ha convertido en una gran carga para las arcas públicas.

Folha indicó que el gobierno podría requerir que los familiares de los fallecidos prueben que no pueden mantenerse por sí mismos y limitar la duración del derecho a pensiones, a fin de reducir los pagos que absorben 11% del PIB del país.

El diario no divulgó su fuente de información, pero dijo que las propuestas eran esbozadas por el ministerio de Seguridad Social y serían enviadas a la presidencia para ser consideradas antes de una eventual votación en el Congreso.

La pensión mensual promedio para funcionarios públicos en Brasil es de 6.200 reales (US$3.974), casi 10 veces la del sector privado. El gobierno destinará un estimado de 77.000 millones de reales (US$47.000 millones) este año para cubrir una escasez en el fondo de pensiones.

Se espera que la suma sea más del doble en los próximos 10 años.

Bajo las actuales normas, los derechos de pensiones son traspasados de forma vitalicia, sin importar la situación financiera del beneficiado, llevando a una creciente tendencia de mujeres jóvenes que se casan con funcionarios públicos jubilados para asegurarse beneficios perpetuos.