Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el déficit alcanzó los US$57.100 millones, el mayor desde 1995 y supera el de 2016, de US$46.800 millones.

Río de Janeiro. Brasil registró un déficit en su sistema de Seguridad Social de US$57.100 millones en 2017, lo que equivale al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para el año, informó este viernes el gobierno.

Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se trata del mayor déficit desde 1995, cuando empezó la serie histórica, y supera el de 2016, de US$46.800 millones.

El aumento de un año al otro fue del 21,8% en este régimen general. La previsión del gobierno para el déficit en 2017 era de US$57.900 millones.

Según el secretario de Seguridad Social, Marcelo Caetano, el valor quedó abajo porque se trata de una estimación "de orden de grandeza bastante elevada". Para 2018, es posible que todavía se revise el pronóstico de US$60.300 millones de déficit.

En cuanto al llamado régimen propio, que se refiere a los funcionarios públicos y militares, el déficit en 2017 fue de US$27.000 millones, un aumento del 11,9% respecto a 2016 (24.000 millones). Considerando los dos regímenes, la Seguridad Social acumuló déficit de US$84.100 millones en 2017.

"Los valores de los gastos por sí mismos son superiores a la recaudación. El gasto crece a un ritmo más alto que la recaudación. Así, el déficit crece a una velocidad bastante expresiva no solo en términos reales sino también en proporción del PIB", explicó Caetano.

Según el funcionario, el déficit muestra la necesidad de la reforma de las pensiones, propuesta por el gobierno. "Es esencial. Observamos que los números crecen a decenas de miles de millones al año".

En cuanto a un posible aplazamiento del análisis del texto por la Cámara de Diputados, previsto para el 19 de febrero, el secretario fue enfático: "El gobierno trabaja con la aprobación a mediados de febrero".

La reforma propone, principalmente, la adopción de una edad mínima de jubilación, de 65 años para hombres y 62 años para las mujeres.

También prevé que funcionarios públicos se sujeten a las mismas reglas de jubilación que los de la iniciativa privada, con techo salarial mensual de unos US$1.720 (valor actual, corregido anualmente por la inflación más el desempeño del PIB). Actualmente, funcionarios públicos se jubilan con el mismo salario que ganaban cuando en actividad.

Si se aprueba este año la reforma, Caetano calculó en una reducción de US$1.880 millones el déficit previsto para 2018.