El canciller argentino Héctor Timerman llamó a “corregir la especulación y los desafíos que plantean los paraísos fiscales” y consideró la propuesta de un impuesto a las transacciones financieras como una “iniciativa viable que merece ser considerada”.

Timerman afirmó lo anterior al anticipar la posición que sostendrá el país en la próxima cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 20, prevista para el 3 y 4 de noviembre en Cannes, Francia.

Timerman advirtió además que las agencias calificadoras de riesgo crediticio “siguen operando con metodologías poco transparentes”, que responden a “evidentes decisiones en la generación de ganancias a favor de los especuladores más sofisticados“.

El ministro participó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) en Montevideo de la Reunión “Latinoamérica y el Grupo de los 20: hacia la construcción de un espacio de diálogo en la región”, que contó con la presencia de cancilleres, ministros de Economía y altos funcionarios de la región.

Timerman sostuvo que la reunión de Cannes “no puede reducirse a la mera descripción de los avances de una agenda de mediano plazo” y demandó “una respuesta y un mensaje muy claros a los problemas acuciantes de la coyuntura”.

El funcionario alertó que la crisis fiscal que se da en simultáneo en varias de las economías centrales puede “afectar negativamente la demanda agregada, en momentos en que la inversión está contenida por efecto de la incertidumbre”.

“Confiar en que solamente los países emergentes, en general, y China, en particular, puedan compensar con políticas expansivas el ajuste de las otras economías sería un error de cálculo peligroso en el contexto actual”, advirtió el canciller.

Timerman propició, en ese sentido “un enfoque prudente, que mire atentamente los riesgos de acentuar con políticas pro-cíclicas las tendencias de corto plazo y, al mismo tiempo, provea las señales correctas para restablecer los equilibrios en el mediano plazo”.

La reunión en la Aladi fue inaugurada por el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, y contó con la asistencia de la secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía; la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena; y el Alto Representante del Mercosur, Samuel Pinheiro Guimarães.

Timerman agregó que las discusiones sobre la agenda de reforma del sistema monetario internacional no tuvieron “la ambición necesaria para enfrentar los principales problemas estructurales”.

“Por ejemplo, no se avanzó en una mayor diversificación del sistema global de reservas, fortaleciéndolo vía expansión del sistema de los Derechos Especiales de Giro", dijo.

Tampoco progresó "la coordinación de las variaciones en la liquidez global que generan flujos de capitales desestabilizadores para nuestros países”.

El canciller recordó luego la discusión "más relevante y más controversial" en torno a recomendaciones sobre administración de flujos de capitales, y recordó que países como Argentina y Brasil defienden en este campo “conservar el mayor margen de maniobra, teniendo en cuenta que la reglamentación internacional permite a los países establecer controles de capitales”.

En cuanto a los desafíos en materia de regulación financiera, Timerman mencionó entre “las falencias más notorias” puestas en evidencia con la crisis, “la falta de transparencia, la necesidad de una adecuada capitalización de las instituciones financieras y el mejoramiento de los marcos regulatorios y de supervisión”.

“Hay que seguir avanzando hacia una arquitectura financiera que responda a las necesidades de nuestras sociedades, esto es, de canalizar los ahorros en sentido productivo y con interés social”, evaluó el canciller.

En cuanto a los paraísos fiscales, juzgó que algunos miembros del G20 tienen interés en mantener el “status quo”, pese a que resguardan un tercio de la riqueza privada “sin pagar impuestos ni estar sujetos a regulación y supervisión; privilegios que no son extensivos a las clases medias o a los pobres”.

Timerman coincidió además en la viabilidad de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, impulsado por Alemania y Francia tanto en el G20 como en la Unión Europea, y que cuenta con la oposición de los centros financieros internacionales.

No obstante, subordinó su consideración a su impulso “por un número importante de países, incluyendo a los centros financieros", a que no afecte de modo significativo el costo del crédito, y a que se canalice "una parte significativa de los recursos al financiamiento al desarrollo”.