Se trata, según el presidente Santos, de aclarar que lo acordado en La Habana respeta todos los cánones internacionales.

Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos confirmó la visita de la canciller María Ángela Holguín a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para socializar el acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc en materia de justicia transicional.

En principio sólo se trataba de una visita para asistir a las audiencias públicas sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua, para analizar las excepciones preliminares presentadas por Colombia sobre las dos demandas interpuestas por Nicaragua ante la CIJ.

La ministra de Relaciones Exteriores irá acompañada del exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, quien actualmente es asesor jurídico del Gobierno en el proceso de paz junto a Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y el profesor de la Universidad de Notre Dame y experto internacional en materia de Derechos Humanos, Doug Cassel.

"La canciller se va para La Haya. Tendrá una reunión con la fiscal de la Corte. Va a estar con el exmagistrado Manuel José Cepeda y allá van a tener la oportunidad de profundizar (el acuerdo), para que todos nos demos cuenta de que lo que se logró cumple con los estándares que todo el mundo está exigiendo como mínimo en lo que tiene que ver con justicia transicional", detalló el mandatario.

La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, había indicado que revisaría cuidadosamente las disposiciones acordadas entre el Gobierno y las Farc para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Se trata de un "paso significativo hacia el fin del conflicto armado", dijo.

"Noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves", adelantó.

El acuerdo sobre justicia, anunciado en Cuba por el presidente Santos y el comandante de las Farc, alias ‘Timochenko’, contempla entre otras cosas una amnistía para delitos políticos, la creación de un tribunal especial para la paz, y establece que la guerrilla deberá entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo definitivo.