Managua, Xinhua. El secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) de Nicaragua, Roberto González, dijo que los empresarios, el gobierno y las centrales obreras del país deben hacer un esfuerzo para alcanzar cuanto antes un consenso en la reforma a la Ley de Seguridad Social.

González rechazó las versiones de prensa, según las cuales existe un acuerdo previo entre los empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el gobierno y algunas centrales obreras sobre la reforma al sistema de ahorro de pensiones.

Estas incluyen modificaciones a la edad para el retiro laboral, así como el número de semanas que un trabajador debe cotizar en 15 años para tener derecho a una pensión por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El dirigente sindical ofreció sus declaraciones durante la celebración del 34 aniversario de la fundación de la CST, a la cual asistió el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís.

Una propuesta preliminar de reforma a esta ley prevé elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años y las semanas de cotización de 750 a 1.500, pero el gobierno, las centrales sindicales y los empresarios han rechazado la propuesta en busca de alternativas de reformas que no afecten los derechos adquiridos por los trabajadores.

"No existe ningún acuerdo previo sobre los temas complicados de la seguridad social, lo único que hemos acordado es que el lugar que acogerá las negociaciones es el Consejo Nacional del Trabajo, donde las partes están representadas", recalcó González.

Destacó que Nicaragua es un buen ejemplo de negociaciones positivas entre los trabajadores, los patrones y el gobierno, lo que ha permitido que en sectores como el parque nacional de Zona Franca, se hayan recuperado alrededor de 30.000 empleos nuevos, por acuerdos tripartitos.

"En medio de un entorno en crisis, Nicaragua ha logrado recuperar empleos perdidos en zona franca, sectores como la construcción, turismo y el agropecuario también muestran un repunte fundamental en generación de empleos producto de una política de consenso tripartito", indicó.

González destacó como una conquista de los trabajadores la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral el próximo 30 de mayo, hecho que repercutirá sustancialmente en superar la retardación de justicia en el sector laboral.

Recordó que se han dado casos en los que la conclusión de un juicio laboral ha demorado hasta cinco años.

Con el nuevo Código Procesal Laboral se prevé que los juicios duren un máximo de tres meses.