Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el índice de pobreza en Bolivia ha bajado del 62,4 al 54% entre 2002 y 2009, lo cual representa una caída de 8,4 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia se registra un descenso del 37,1% al 31,2%.

Según el organismo, “los diferentes niveles de desarrollo, así como la carga impositiva y el consecuente presupuesto público general y específicamente social, ocasionan grandes disparidades en la cantidad de recursos por habitante que los Estados pueden destinar a áreas sociales como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre otras”.

Además, según datos difundidos por el vicepresidente Álvaro García en el programa El Pueblo es Noticia, transmitido por la red de medios estatales Patria Nueva y Televisión Boliviana, la pobreza moderada cayó del 60% al 49% entre 2005 y 2010, y la pobreza extrema del 38 al 25%.

Bonos. Según García, la reducción de la pobreza se debió a las políticas gubernamentales aplicadas y que consisten “en la redistribución de la riqueza”, a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, renta Dignidad y la aplicación de la Tarifa Dignidad, así como el aumento de la inversión pública de US$600 millones a US$3.300 millones entre 2005 y 2011.

Además, el informe de la Cepal señala que los países de mayor gasto pueden destinar ocho veces los recursos por habitante con relación de “los más restringidos en este ámbito”.

El 20 de septiembre, el presidente Evo Morales planteó en la Asamblea General de la ONU que para reducir la pobreza se debe nacionalizar los recursos naturales, recuperar las empresas estatales de manera que los dividendos que se generen se queden en los países y considerar los servicios básicos como derechos humanos.

Morales también propuso romper la dependencia con el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y crear “una institución financiera del sur” para los países en desarrollo, pero sin condiciones.

Otro aspecto que destaca el informe, aunque no menciona de manera específica a Bolivia, es que como respuesta a la crisis económica internacional, “los países optaron por expandir transitoriamente su gasto público en vez de contraerlo, como era lo tradicional. Aunque dicha expansión no siempre tuvo un énfasis social, igualmente permitió prevenir el aumento del desempleo y de la vulnerabilidad social”, señala un reporte de ANF.

Finalmente, la CEPAL indica que en términos de seguridad social en la región y las perspectivas para universalizar un piso mínimo de pensiones y jubilaciones, Bolivia en el largo plazo tiene un buen panorama por delante. Sólo cinco países de la región “generan o generarán” déficit anual hasta 2030 en sus sistemas de pensiones, en el cual Bolivia no está incluido, da cuenta el informe de la Cepal.

Habrá un superávit

En la evaluación sobre la economía boliviana respecto a las pensiones y jubilaciones, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento a largo plazo se tendrá, en promedio, un superávit del 1,4% del PIB.