Al presidente Sebastián Piñera le resulta fácil gobernar. La Concertación ha sido su principal ayuda. Frente a su decisión de privatizar el 35% de propiedad estatal de las empresas sanitarias las críticas opositoras no resultan convincentes. Es que el camino ya estaba pavimentado de antemano. Porque la privatización del 65% de las acciones de esas mismas empresas se hizo efectiva durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, lo que cuestiona la consecuencia de los críticos. Y la opinión pública se da cuenta, perdiendo fuerza el argumento opositor.
Con el gobierno del presidente Lagos, en 2003, se abrió camino a la privatización completa de las sanitarias, al eliminarse en el Parlamento la obligación legal que el sector público mantenía con el restante 35%. En ese momento se sostuvo que los recursos de la venta de esos activos asegurarían objetivos sociales prioritarios. Ahora, Lagos esgrime un argumento distinto: era una exigencia de la Unión Europea para poder suscribir el TLC. Pésima defensa. Si la propiedad de los recursos naturales de nuestro país era la condición para ese acuerdo comercial más valdría no haberlo firmado.
La controversia provocada por la iniciativa de Piñera se parece a la que se produjo algunos meses atrás en torno al aumento del impuesto específico (royalty) a las empresas cupríferas, a cambio de una extensión a la invariabilidad tributaria. En esa oportunidad, parlamentarios de la Concertación también cuestionaron la invariabilidad tributaria, a pesar que el mecanismo había sido inventado y materializado por iniciativa del gobierno Lagos. Al final de cuentas se vieron obligados a negociar y aprobaron la extensión de la invariabilidad tributaria a favor de las empresas del cobre. El asunto nunca fue materia de principios. No lo fue antes y no lo podía ser ahora.
Pareciera un destino manifiesto de la clase política chilena no saber que hacer con los recursos naturales y prefiere concederlos graciosamente a la empresa privada. De la misma forma que el cobre y el agua dulce, el mar también ha sido privatizado. Y ello es responsabilidad del gobierno Bachelet, pocos días antes de entregar el mando a Piñera. En el acuerdo legislativo nuevamente coincidieron parlamentarios de la derecha y la Concertación. La ley aprobada entrega a las quebradas empresas salmoneras miles de hectáreas de mar y parte de tierra firme para que esos espacios sean utilizados como “prenda” ante la banca para respaldar sus deudas multimillonarias.
Con esa historia a cuestas la consecuencia no parece existir en este mundo. Al igual que en el caso del royalty, el discurso actual de la Concertación se encuentra atrapado en los errores del pasado. En gran parte, el deterioro político del actual bloque opositor obedece a su falta de consistencia entre lo que hizo cuando era gobierno y su actual comportamiento. Así las cosas, la derecha ha visto facilitado su camino, continuando la tarea privatizadora que impulsó el gobierno cívico-militar y que es componente de su propia doctrina.
Pero los tiempos han cambiado. El modelo económico y las privatizaciones, aceptados dócilmente durante los 20 años de Concertación, encuentran hoy día críticos crecientes. Ya pocos se asustan por la aplicación de un royalty justo a la minería e incluso por la nacionalización de los recursos naturales. Ello es manifiesto en el caso de las sanitarias. La sociedad civil, varios países en la región y la misma Naciones Unidas reivindican el acceso a las aguas como un derecho humano inalienable por sobre cualquier interés comercial. Así lo consigna la reciente Resolución de la Asamblea General del 28-07-10, promovida por el gobierno boliviano, mientras Argentina recuperó sin mayores traumas las sanitarias para el sector público. Esto sucede en momentos que la humanidad acrecienta su preocupación por el calentamiento global, cuando las aguas se convierten en un recurso estratégico que obliga a los estados a su administración como bien público y para aprovechamiento público.
En Chile, la lógica es otra y la institucionalidad compleja. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas establecen que las aguas son un bien público, pero de aprovechamiento privado. Ello ha significado que más del 80% de las fuentes superficiales sean propiedad de particulares. Una sola empresa, Endesa de España, ha logrado apropiarse del 60% de las fuentes fluviales, y es la que reparte el agua según su criterio e intereses. Como se trata de una empresa con inversiones en electricidad, la defensa de sus posesiones le permite imponer barreras de entrada a otros inversionistas
Por otra parte, como el agua en Chile, según destaca Cepal, es una de las más caras de Sudamérica, no sólo se han visto afectadas los clientes particulares, sino también la agro-exportación que ve afectada su competitividad internacional y debe compensarla reduciendo los costos laborales.
Finalmente, contra la teoría de la eficiencia de la administración privada de las aguas, en Chile se ha registrado en los últimos años una seria contaminación de las fuentes acuíferas, por efecto de los proyectos mineros, la agro-exportación, la industria y la explotación energética. Especialmente en la zona norte se han detectado elementos de boro y arsénico en el agua potable, que han sido materia de destacados escándalos periodísticos.
Revertir esta situación requeriría una reforma legislativa y nuevas políticas públicas sobre las aguas para privilegiar las necesidades de la población por sobre los intereses de las empresas. En consecuencia, hay que apuntar a resguardar el derecho al agua como un recurso básico para la vida, en vez de promover su mercantilización y privatización.
