Pasar al contenido principal

ES / EN

Chile: la economía política del conflicto magallánico
Mar, 18/01/2011 - 10:48

Leonardo Letelier

Chile: la economía política del conflicto magallánico
Leonardo Letelier

Leonardo Letelier es Ph.D. en Economía de la Universidad de Sussex (UK); ASP Certificate, Kiel Institute of World Economics (Alemania); M. Phil Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge (UK), y Magíster en Economía de la Universidad de Chile, e Ingeniero Comercial de la misma casa de estudios. Es especialista en temas de descentralización fiscal, finanzas públicas, modernización del Estado y Presupuesto.

Existen dos grupos de razones que pueden esgrimirse para interpretar la existencia de tratamientos fiscales preferenciales a favor de ciertas regiones al interior del territorio. Ambas cohabitan en la propia función de utilidad del gobierno en ejercicio, cualquiera sea este, y dan sentido a sus acciones en todos los ámbitos en los cuales hay recursos comprometidos.

Por una parte, la literatura reconoce un conjunto de razones que caen en el ámbito de los llamados factores “normativos”. En este grupo identificamos todo aquello que es normativamente correcto de acuerdo a la teoría económica. Usualmente, el diseño de un sistema tributario eficiente y equitativo, la asignación de transferencias y gastos en razón de la utilidad social de los mismos y la evaluación de toda política pública de acuerdo a los parámetros reconocidos en el marco de una “sana” asignación de recursos, pueden ser clasificados bajo este rótulo. Como es lógico suponer, la visión del problema así entendido, implica suponer que el Estado es un dictador benevolente, y que hará por nosotros, los electores, aquello que nos sea más conveniente desde la particular perspectiva del gobierno en ejercicio. Esta perspectiva puede, por cierto, variar entre coaliciones políticas, lo cual no desconoce la búsqueda del óptimo social como un rasgo esencial en la acción del Estado.

Una segunda forma de entender el problema supone que el objetivo central del gobierno es mantenerse en el poder. Este enfoque, apoyado en el marco analítico de la nueva “economía política”, destaca la importancia de elementos meramente oportunistas en las decisiones fiscales. Habrá así más recursos (y menos impuestos) para aquellos grupos que son políticamente más rentables.

Hay diversos factores “normativos” que aconsejan un tratamiento especial a la región de Magallanes. El principal es su carácter de región extrema y geográficamente aislada, lo cual supone mayores costos de vida para sus habitantes y exige más esfuerzos de integración territorial. Sin embargo, hay también importantes contraargumentos. 

El primero, y ciertamente el más importante, es el hecho de ser esta una región “rica”. Su ingreso por habitante en dólares corrientes es cercano a los US$9.000, bastante por encima del promedio nacional y solo superada por Antofagasta. Algo similar sucede con la proporción de la población bajo la línea de pobreza. De acuerdo a la Casen 2009, Magallanes posee también la segunda tasa mas baja (9,1%) luego de Antofagasta. Si miramos el problema desde el lado del gasto, veremos que Magallanes aporta menos del 2% del PIB y genera menos del 0,5% de la recaudación nacional de impuestos. Estos son datos duros, y obedecen a una realidad difícil de cambiar en el corto plazo, y es que Chile es un país muy centralizado en lo económico y en lo fiscal.

Aunque no existen estudios precisos sobre el particular, estimaciones recientes indican que en la esfera fiscal, la región en cuestión es anualmente deficitaria en algo más de US$100 millones al año, lo cual representa alrededor del 7% de su PIB, siendo estos recursos aportados por el resto del país. En este contexto; ¿es meritorio que ENAP subsidie a Magallanes en alrededor de US$15 millones anuales? 

Como es evidente en todo problema fiscal, la respuesta no es clara. Sin embargo, llama la atención que el subsidio en cuestión sea realizado por una empresa pública a nombre de todos los chilenos. Ello no parece lógico, toda vez que no es el papel de las empresas del Estado asumir responsabilidades en la esfera de la compensación territorial, por muy meritoria que esta sea.

Desde al ángulo de la economía política, cabe recordar que Magallanes generó un apoyo superior al 54% de los votos en la segunda vuelta de la elección presidencial. Si observamos la literatura dominante sobre la asignación de transferencias y/o subsidios en razón de factores oportunistas, la decisión del gobierno sobre la materia constituye una “anomalía” teórica, que habla bien de sus intenciones en la esfera técnica, pero que deja de manifiesto un escaso manejo político de la situación. Autores muy reconocidos en la materia han desarrollado modelos teóricos que explican por qué el gobierno nacional -cualesquiera sea el país- tiende a favorecer a las regiones en las cuales tiene mayor apoyo, o alternativamente aquellas en las cuales ha podido identificar un grupo importante de votantes indecisos. 

Numerosos y muy citados estudios han llevado esta importante problemática al ámbito académico, demostrando con datos que las hipótesis antes citadas tienen amplia validez empírica. Nos encontramos pues en un dilema empírico interesante, pues el proceder del gobierno en este aspecto desafía en forma objetiva las predicciones teóricas antes referidas.

Cabe explorar por lo tanto, si las regiones en las cuales el gobierno tiene menor apoyo, han sido beneficiadas en forma especial. Es interesante constatar que un estudio reciente realizado por quien suscribe y un colega de Universidad de Arequipa, ha encontrado resultados similares en Perú. Las regiones menos favorecidas mediante transferencias discrecionales desde el gobierno central, son precisamente aquellas en que el mismo gobierno posee más apoyo. Aunque parezca curioso, no es fácil justificar esta evidencia en forma teórica. 

Una posibilidad es que el gobierno considere que los votos de Punta Arenas son en verdad seguros, y no obstante el aumento en el precio del gas, dichos votos no se perderán. Este razonamiento es difícil de creer en periodos largos de tiempo. Una segunda alternativa es que el gobierno estime que al momento de realizarse las próximas elecciones presidenciales, los electores de Magallanes se habrán olvidado del episodio en cuestión. Aunque muchos lo puedan negar, este razonamiento puede tener un importante asidero. 

La tercera, es que al gobierno no le interese reelegirse, y solo le interese el bien superior de la nación, cualesquiera sea el costo político de sus decisiones. Esto es sin duda poco probable y enfrenta una abrumadora evidencia en contra en la literatura académica relevante, no obstante la coalición, su particular ideología y/o correspondiente tendencia política.

Si tuviese que apostar, diría que el gobierno no habría tomado esta decisión en la víspera de una elección, que su manejo político ha sido pésimo, y que las razones técnicas que inspiran la medida son atendibles y van en la dirección correcta. Lo anterior es bastante subjetivo. Sin embargo, estoy cierto que las pérdidas materiales y humanas, pues ya se han registrado muertes derivadas del conflicto, son objetivamente superiores al valor del subsidio, incluso si las medimos en el largo plazo. Dicen que el arte de gobernar consiste en administrar el Estado sin incurrir en conflictos costosos e innecesarios con los ciudadanos. El episodio del gas invita a reflexionar sobre este punto. No basta con tener buenas ideas. También hay que saberlas implementar y anticiparse a los conflictos.

Países