El presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó este jueves un proyecto de presupuesto de US$ 82.100 millones para 2022 que, según dijo, empezará a controlar el creciente déficit del mayor productor mundial de cobre, tras más de un año de gastos de emergencia para combatir la pandemia de coronavirus.

En un discurso televisado, el gobernante de centroderecha dijo que el presupuesto reduciría el déficit estructural del 11,5% del Producto Interno Bruto en 2021 al 3,9% del PIB en 2022.

"Esto representa un gran y necesario paso adelante en la recuperación de los equilibrios fiscales, en la estabilización de la deuda pública y en el fortalecimiento de los pilares permanentes del crecimiento económico y desarrollo humano de nuestro país", afirmó Piñera.

La economía chilena se ha recuperado tras meses de estancamiento provocado por el coronavirus, gracias a una rápida y masiva campaña de vacunación y a una serie de medidas de estímulo puestas en marcha por el Gobierno.

Pero las medidas, dijo Piñera, han hecho que el presupuesto para 2021 se dispare en US$ 27.000 millones, un 33,7% por encima de lo aprobado por los legisladores el año pasado, un total equivalente a casi el 10% del PIB.

"Este nivel de déficit fiscal y este incremento de deuda pública no son sostenibles en el tiempo", argumentó.

El presupuesto reduciría el gasto en aproximadamente un 22,5% con respecto al total previsto para 2021, incluyendo las medidas de emergencia, pero sigue representando un aumento del 3,7% con respecto al presupuesto base de 2021 aprobado inicialmente por los legisladores el año pasado, destacó.

El presupuesto asigna nuevos fondos para la vivienda, obras públicas e infraestructura para los Juegos Panamericanos de 2023, que se celebrarán en Santiago, así como un fuerte énfasis en la salud.

Piñera dijo que Chile, uno de los primeros países del mundo en comenzar a administrar vacunas de refuerzo contra el COVID-19, ya ha asegurado las dosis que necesita para 2022.

El presupuesto, dijo, también dedica fondos para combatir una sequía debilitante que se ha extendido por gran parte del centro y norte de Chile, así como el cambio climático.

Los legisladores tienen ahora 60 días para revisar y aprobar la propuesta.