La venta de acciones de las sanitarias no tiene ninguna justificación. La explicación que ha dado el gobierno para vender su participación en dichas empresas no tiene sustento alguno.

El gobierno ha retirado en los primeros nueve meses de este año US$4.129 millones de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco, la estatal cuprífera chilena)), lo cual está muy por encima de lo calculado en la Ley de Presupuestos de 2010. En consecuencia, la mayor recaudación por el elevado precio del cobre hace que no se requiera venta alguna en las empresas sanitarias. Estas empresas sólo generarían un ingreso estimado por el gobierno de US$1.600 millones, que serían destinados a poder vender y a introducir capitales a las empresas del Estado, entre ellas, la propia Codelco.  

Vale la pena, a efectos de la comparación, considerar que durante los primeros nueve meses de 2009 los excedentes de Codelco alcanzaban a US$1.881 millones. Ello está muy por debajo de los US$4.129 millones que la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile le ha solicitado que, en su integridad, le sean traspasados desde Codelco.

Adicionalmente, me parece que el gobierno debe una explicación contundente de por qué tiene tanto apuro en vender las acciones sanitarias.

La decisión de derogar el artículo que obligaba al gobierno a tener el 35% de las acciones de las sanitarias tuvo que ver con las negociaciones que Chile había terminado con la Unión Europea. Ésta había reclamado en las negociaciones con Chile la existencia de esta suerte de acción dorada, que implicaba la participación por ley del gobierno en las sanitarias. La derogación de dicho artículo, por lo tanto, era un modo de llegar a un acuerdo en torno a este planteamiento con la Unión Europea, pero en ningún momento planteamos que, si bien eran prescindibles las acciones, efectivamente el Estado prescindiría de ellas. 

Nos parece que es central tener un director en estas empresas que represente los intereses públicos. Un número importante de definiciones se toman al interior de los directorios como, por ejempo, la necesidad de extender la red que a veces tiene que hacerse considerando no sólo los aspectos comerciales de la misma, sino también la necesidad de los usuarios de ver extendida la red de agua. Todo ello confirma que es necesario mantener estas acciones en poder del sector público.

Durante mi administración no se continuó con el traspaso de la propiedad de las empresas sanitarias. Respecto de la propiedad de acciones minoritarias a empresas ya privatizadas, el flujo financiero era más rentable que la venta, en suma, no era conveniente desde el punto de vista del interés fiscal. Lo que se hizo fue dar en concesión las empresas sanitarias para ser administradas por un particular por un período de años, normalmente no superior a 20 años, de suerte que la propiedad de la misma continuaba y continúa en manos del Estado de Chile. De esta manera, permitíamos al sector privado hacer inversiones que se recuperaban durante el período de su concesión, pero la propiedad misma de las empresas sigue siendo del Estado de Chile.

*Esta columna fue publicada originalmente en Elquintopoder.cl.