El reciente anuncio del gobierno de Sebastián Piñera en cuanto a la venta de sus acciones en las empresas sanitarias, cuyo control o porcentaje mayoritario de la propiedad está en manos privadas, ha desatado toda suerte de explicaciones y recriminaciones. 

Por un lado, el gobierno ha dado al menos tres explicaciones de su decisión, ninguna de ellas plenamente convincente y ciertamente contradictorias entre sí (para la reconstrucción, para financiar inversiones en otras empresas públicas y para financiar el gasto en salud y educación); por otro, la oposición sin entrar en el fondo del asunto aduce argumentos legales y otros incorrectos desde lo económico para oponerse a la medida (que se debe preguntar al Congreso o que se estaría regalando el patrimonio público, por ejemplo).

A mi entender, esta discusión abre nuevamente un viejo debate respecto a si cabe algún rol del Estado como empresario -o en este caso como inversionista- en mercados donde el sector privado puede perfectamente operar, aunque en este caso se trate de empresas reguladas en la calidad del servicio ofrecido, en las inversiones que debe realizar y en los precios que debe. Me parece que ni el gobierno ha tomado una decisión fundada ni la oposición se ha preparado bien para el debate, debate que se radica en gran parte en la trinchera de las ideologías y que se intenta vestir con ropa de economía.

Lo primero que debe quedar descartado es que esta medida vaya a producir impactos importantes en los aspectos económicos que preocupan a los usuarios del servicio o a los trabajadores de las empresas. El control mayoritario de sus acciones ya fue enajenado y, por lo tanto, desde la mayoría en el directorio hacia la gestión de las empresas se controla todo el accionar de éstas, en materias tan diversas como la contratación de su plana gerencial, el manejo del recurso humano y la amenaza de posibles despidos, las decisiones de inversión, etc. Por lo tanto, desde la gestión interna nada debería verse afectado con la venta del porcentaje minoritario de las acciones en manos del Estado. 

A nivel del directorio de cada empresa, aquellos nombrados por el gobierno no tienen capacidad de control y en el mejor de los casos podrían sólo influir con buenos argumentos técnicos en ciertas decisiones, pero la Ley de Valores les obliga, so pena de pagar con su propio patrimonio personal, a actuar siempre en pos del valor de la empresa y nunca en pos de otros objetivos, sean o no estos muy valorados socialmente.

Tampoco la venta de las acciones de las empresas sanitarias que posee el Estado debería tener efectos, ni positivos ni negativos, sobre el precio de los servicios sanitarios. La regulación en Chile no distingue la propiedad de quién se regula y el proceso de fijación de tarifas está hecho de forma tal que éste refleje costos de una empresa idealizada. 

Por el lado de la empresa, quienes llevan adelante todo el proceso regulatorio, negociación y entregan los argumentos para defender una cierta tarifa es la administración de ésta, que ha sido nombrada por su directorio, pero ciertamente es elegida por quienes le controlan. Así que, si con el Estado como socio cobraban de más, lo seguirán haciendo; y si cobraban de menos, también lo deberían seguir haciendo. Nada ha cambiado desde el punto de vista de la administración.

En mi opinión, uno de los principales argumentos que justifican desde el punto de vista económico que el Estado, habiendo decidido ceder el control de sus empresas sanitarias a manos privadas, quiera seguir en la propiedad de éstas como socio minoritario, tiene que ver con reducir las rentas extra económicas que éstas obtienen sólo por manejar mejor información, respecto de parámetros de costos o de demanda futura por el servicio, que la Superintendencia de Servicios Sanitarios que les regula. 

Este argumento fue mencionado ya a mediados de los años 90 y es simple demostrar que si la asimetría de información depende inversamente del porcentaje de propiedad de la empresa, entonces el tener directores tomando decisiones sí tendría un impacto positivo en precios. El problema de este argumento es que la discusión de las decisiones relevantes las puede tomar el accionista controlador previo a una sesión de directorio, y luego usar a éste como comparsa. Asimismo, aunque se escuchara a los directores minoritarios, como mencioné, sería ilegal que éstos se opusieran a decisiones que dañen el valor de la empresa, es decir, por ejemplo que se opongan a una decisión que eleve las tarifas de los servicios entregados a público (*).

Otros argumentos que deben ser revisados en específico a las empresas sanitarias chilenas dicen relación también con objetivos de eficiencia económica, generación de recursos fiscales y elementos de economía política (**). Además de las consideraciones de información para una mejor regulación, que no parecen ser tan efectivas, sí parecen ser correctos argumentos como la inversión y el aseguramiento de un flujo de ingresos estable, el manejo del riesgo financiero del Estado como inversionista, la propiedad nacional como contrapartida al control mayoritario de inversionistas extranjeros en un servicio básico clave para la sociedad, las consideraciones de negociación de salarios de sus trabajadores y, sobretodo, la irreversibilidad del traspaso a manos privadas cuando se enajena el 100% de la propiedad de estas empresas a privados.

En consecuencia, la venta de las acciones estatales de las empresas sanitarias desata las pasiones pero no las razones. Es deber de gobierno y oposición prepararse. Pero es obligatorio que el gobierno tome esta decisión basado en argumentos económicos muy estudiados, y así evitar que este tema quede en la trinchera de la principal motivación que aparentemente tuvo: la ideología de que el Estado nada tiene que hacer en un mercado que puede ser operado privadamente.

*La propiedad mixta de empresas en mercados con competencia imperfecta no regulados, como el financiero, de combustibles, telecomunicaciones, etc., sí tiene justificaciones económicas por el lado de la libre competencia, al reducir el riesgo de colusión y aumentar la competencia. Recomiendo los trabajos de James Maw “Partial Privatization in Transition Economies”, Economic Systems 26:271-282, 2002; y Toshiro Matsumara “Partial Privatization in Mixed Duopoly”, Journal of Public Economics 70: 473-483, 1998.

**Ver el libro editado por Peter Fischer-Bollin “Eficiencia del Gasto Público”, Konrad Adenauer Stiftung-Brasil, 2008. En particular mi artículo sobre Chile escrito junto a Jorge Rodríguez G.