Michelle Bachelet, la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno chileno (2006-2010), abandonó ese cargo con un índice de respaldo ciudadano de 84% y fue reelegida para el período 2014-2018 con más del 62% de los votos. Pero su segundo mandato se ha visto empañado desde el principio por protestas que no amainan y que amenazan con jugar un papel importante en la campaña previa a los próximos comicios presidenciales. Como muestra, un botón: las manifestaciones contra el sistema de pensiones vigente.

El domingo 24 de julio, bajo el lema “¡Por pensiones dignas, Chile sale a la calle!”, alrededor de 100.000 personas marcharon en Santiago y otras 650.000 lo hicieron en más de cuarenta ciudades para quejarse por la flagrante diferencia entre los beneficios económicos que reciben los trabajadores jubilados de las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y las ganancias percibidas por los propietarios de estas empresas. Chile es uno de los pocos países del mundo donde la administración de las cotizaciones está completamente privatizada.

Convocados por el colectivo “¡No más AFP!”, los manifestantes exigieron la abolición de este sistema privado, que sume a millones de personas en la pobreza cuando llegan a la tercera edad, y demandaron la creación de otro de carácter estatal, sin fines de lucro y financiado por los trabajadores, por los empleadores y por el Fisco. El pasado 21 de julio, varios diputados de la Nueva Mayoría –la coalición de Gobierno de centroizquierda que encabeza Bachelet– incluyeron ese planteamiento en su proyecto de reforma constitucional.

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“No existen soluciones mágicas”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dejó claro este lunes (25.7.2016) que la sustitución del sistema de cotización privado por uno público no resolverá por sí sola todos los problemas de los jubilados. Con un déficit fiscal cercano al 3% del Producto Interno Bruto, el país sudamericano no tiene los recursos necesarios para elevar las pensiones más bajas. “No existen soluciones mágicas”, acotó Valdés, consciente de que sus declaraciones no caerían bien entre los autoproclamados “indignados de Chile”.

Las AFP entraron en funcionamiento hace 35 años con la promesa de mejorar las pensiones que ofrecía el Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy llamado Instituto de Previsión Social (IPS) y todavía activo. Pero el antiguo sistema de reparto para las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones, se dejó intacto. Los cotizantes del sistema privado cobran pensiones equivalentes a un tercio o a la mitad de los ingresos que recibían durante su vida laboral.

En promedio, un trabajador de Chile que gana 600.000 pesos (unos US$888), y que trabajó desde los 22 años hasta los 65, en el caso de los hombres, recibe una jubilación mensual de 204.000 pesos (unos US$302). El salario mínimo en este país es de 250.000 pesos (unos US$370), lo que en una pensión se transformaría en 85.000 pesos (unos US$125), que en opinión de los manifestantes alcanzaría apenas para comprar medicamentos y algunos litros de combustible, y pagar las cuentas de la electricidad y el agua.

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¿Un sistema “perfectible”? Los portavoces de las AFP –un sexteto de compañías que maneja más de 160.000 millones de dólares en activos– critican la idea de estatizar el sistema de cotizaciones tachándola de “populista” y advirtiendo que constituirá un retroceso hacia el sistema de reparto que existía en Chile antes de 1981, cuando el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) creó este régimen de administración de pensiones. A juicio de las AFP, el sistema vigente es “perfectible”; sólo hace falta elevar los aportes de los cotizantes y la edad de retiro.

“Pagar las pensiones a señoras de sesenta años es un acto galante que nos cuesta muy caro”, sostuvo recientemente Francisco Pérez Mackenna, expresidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, al defender las propuestas de aumentar la edad en que los trabajadores pueden jubilarse –que es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres– y de incrementar sus cotizaciones –actualmente del 10% de sus sueldos– mediante cuentas de ahorro voluntario en las mismas administradoras.

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) está de acuerdo con las AFP de Chile. Según Guillermo Arthur, presidente de esa asociación, las pensiones en América Latina están “amenazadas” por dos variables fundamentales: el aumento de la esperanza de vida de la población y la caída de los tipos de interés. Su sugerencia: promover planes de ahorro previsional voluntario, como los implementados en Alemania desde principios de siglo: las llamadas “pensiones Rürup” o “pensiones Riester” (por los nombres de sus impulsores).