Universia Knowledge Wharton. La llamada troika, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha llegado finalmente a un acuerdo con el gobierno de Chipre para ayudar a la economía de la isla y evitar su bancarrota. Es el cuarto país de la zona euro que recibe un rescate formal después de Grecia, Portugal e Irlanda, y también es el más pequeño en percibirlo. El Producto Interior Bruto (PIB) chipriota apenas supera los US$21.000 millones. En teoría, el rescate de una economía con tan poco peso dentro de la zona euro no debería haber supuesto ningún problema. Sin embargo, en la práctica, ha sido completamente diferente.

La troika y el Ejecutivo de Chipre llegaron a un primer acuerdo el pasado 17 de marzo. El país necesitaba unos 17.000 millones de euros para sanear su maltrecho sistema financiero. La UE sólo estaba dispuesta a entregarle 10.000 millones. Acordaron que la cantidad restante se obtendría de la imposición a los depósitos bancarios del país de un gravamen, del 6,75% para los que fueran inferiores a los 100.000 euros y del 9,9% para los que estuvieran por encima de ese umbral.

Federico Steinberg, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano, señala en un rápido comentario de situación publicado por esta institución que la troika no quería dar un préstamo externo a Chipre de 17.000 millones de euros porque lo consideraban demasiado grande para que el país fuera capaz de devolverlo, y de concederse, se estarían sentando las bases para una futura suspensión de pagos o quita.

“Eso obligaba a buscar alguna fórmula de bail in (participación de acreedores de los bancos en el rescate) para reducir la factura”, dijo Steinberg, añadiendo que “Chipre tiene un sistema financiero que supera ocho veces el volumen de su PIB y donde la mayoría del mismo está constituido por depósitos, muchos de los cuales pertenecen a empresas rusas que utilizan el país como centro financiero offshore para el blanqueo de capitales. Por tanto, la única forma de reducir el volumen del rescate era imponer pérdidas a los depositantes”.

La decisión del primer acuerdo resultó sorprendente por varias razones. Entre ellas, porque era la primera vez que un rescate suponía un coste para los ahorradores de un país y porque, en teoría, los depósitos de la Eurozona hasta 100.000 euros estaban garantizados.

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El Parlamento de Chipre rechazó el rescate y criticó duramente el hecho de que los pequeños ahorradores perdieran su dinero. Las bolsas europeas reaccionaron a la decisión con caídas, arrastradas por las cotizaciones de los bancos, que fueron los más castigados. Las primas de riesgo de algunos países como España e Italia respondieron a las noticias con subidas. De hecho, durante la crisis chipriota, el riesgo país español subió de los 346 puntos básicos a los 377 y el italiano de los 314 a los 347.

Ante esta situación, la troika y los políticos chipriotas empezaron una negociación para cambiar las condiciones del rescate. El objetivo era que el país lograra por su cuenta los aproximadamente 6.000 millones que le exigía la UE sin realizar quitas a los depósitos de hasta 100.000 euros.

El acuerdo definitivo fue alcanzado el 25 de marzo y garantiza la protección de los depósitos de hasta 100.000, pero impone quitas de alrededor del 40% para los que superen esta cantidad. Las últimas informaciones apuntan a que la quita podría ser de cerca del 60%, ya que otro 22,5 % de los ahorros depositados serán congelados durante 90 días. Además, el Gobierno deberá liquidar el Laiki Bank y someter a una profunda reestructuración al Banco de Chipre, la principal entidad de la isla.

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“El ‘rescate’ del sistema financiero chipriota es en realidad un proyecto de liquidación del mismo”, comenta Joaquín Arriola, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. De otro modo, añade, “no se puede entender algunas propuestas, como la de realizar quitas del 40% a los depósitos de más de 100.000 euros, o la primera de las propuestas, que enterraba el acuerdo realizado hace un par de años de elevar y unificar en 100.000 euros los depósitos garantizados en toda la Eurozona”.

Tras el acuerdo, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, desató la polémica al asegurar a los medios que el acuerdo alcanzado para el rescate de Chipre sería un ejemplo a seguir para resolver los próximos problemas bancarios de la zona euro. En una entrevista con Reuters y Financial Times dijo que si un banco entra en problemas se le pedirá que se recapitalice, y si no puede hacerlo "entonces hablaremos con los accionistas y los bonistas, les pediremos que contribuyan para recapitalizar el banco, y si es necesario a los depositantes no garantizados (los mayores de 100.000 euros)". Unas declaraciones que luego diferentes cargos dentro de la Unión Europea han tratado de matizar con el mensaje de que el caso de Chipre es único.

Las dudas ya se han sembrado. A pesar de ello, los expertos consideran que el caso chipriota supone un cambio importante dentro de Europa, que establece un antes y un después que influirá de forma decisiva en las próximas decisiones que se tomen sobre posibles nuevos rescates. Además, consideran que este rescate siembra la incertidumbre entre los grandes y pequeños ahorradores, que ahora dudan de que el dinero de sus depósitos esté seguro.       

“En el caso de Chipre, Alemania ha impuesto una solución al problema muy diferente a la de los otros tres países rescatados”, señala Mauro Guillen, profesor de Gestión de Wharton y Director del Joseph H. Lauder Institute. “Hay un antes y un después porque ahora mismo ni los pequeños depositantes parecen estar seguros”.

Y añade que el daño intrínseco del rescate de Chipre es que puede sentar un precedente. “La gente de otros países cuyos bancos tienen problemas, como en Italia o España, pueden pensar que eso les puede ocurrir a ellos, que sus depósitos no están a salvo. El verdadero riego es que los ciudadanos puedan extrapolar lo que ha ocurrido en Chipre y pensar que su dinero no está seguro en los bancos”.

Eso es lo que pensaron los ciudadanos de Chipre cuando, presos del pánico, corrieron a retirar sus ahorros de los bancos. Ante esta situación, y con el objetivo de evitar una fuga masiva de capitales, el Banco Central del país decretó el cierre de las instituciones bancarias y restricciones a la hora de realizar transacciones económicas, permitiendo, por ejemplo, la retirada sólo de 300 euros diarios de los cajeros de la isla.

Según Guillén, la incertidumbre tras lo ocurrido en Chipre “mete presión a los otros bancos, aunque esto no significa que la gente va a ir a las entidades financieras a sacar dinero”. A pesar de ello, señala que “no hay nada racional cuando se produce un estado de pánico bancario, pero si ocurre, es algo lógico que las personas quieran sacar su dinero”.  Y recuerda que “el banco solo tiene aproximadamente entre el cuatro o el cinco por ciento del dinero en efectivo, porque el resto está en inversiones”. Por eso, “es relativamente fácil hacer caer un sistema financiero completo”.

Este profesor de Wharton School considera que lo que ha ocurrido es un aviso de peligro para los políticos: “Es una señal de que el método empleado en Chipre no es la manera de hacer las cosas. No es necesario castigar a los pequeños ahorradores”.

Nuevas normas de rescate. Joaquín Arriola interpreta el rescate de Chipre como un paso para cambiar los procedimientos de gestión de las crisis financieras en Europa. “Los líderes de la UE llevan tiempo diciendo que hay que modificar los procedimientos de gestión de las crisis de entidades financieras, para que no recaiga el salvamento de entidades privadas sobre el conjunto de los contribuyentes, que ya han aportado 4,5 billones de euros”.

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Pero este docente considera que esto solo se puede evitar si la UE está dispuesta a limitar el uso de dinero público para ayudar a las entidades con problemas de liquidez, y acepta la quiebra de las entidades insolventes. “Si se utiliza el dinero de los contribuyentes, lo lógico sería que las entidades pasaran a formar parte del patrimonio público. Como la UE considera que la nacionalización de la banca es la única línea roja a respetar, y se empeña en seguir rescatando entidades insolventes, lo único que propone es que el coste lo compartan no solo los accionistas de las entidades, sino también los depositantes”, explica.

Mauro F. Guillén también habla sobre los posibles cambios de criterios en el pago de los rescate, pero lo hace concretamente sobre Alemania, donde cree que hay diversidad de opiniones sobre el tema. “Es una economía muy grande y hay varias opiniones al respecto dentro del propio país. Los pequeños ahorradores alemanes no quieren inflación ni quieren colaborar en los rescate. Pero en Alemania también hay grandes empresas para las que es muy importante el mercado europeo, por lo que quieren que dentro de la región haya países estables y que puedan crecer, algo que no solo beneficia a las propias compañías sino que también a los trabajadores. También hay pequeñas empresas familiares que no invierten mucho dinero y que también están en contra de los rescates. Aunque, al mismo tiempo, hay muchas pymes y ciudadanos que ven necesarios los rescates por el futuro del país”, afirma.

En su opinión, no es realista para Alemania “llegar ahora y decir que ya es suficiente y que no va a poner más dinero para rescates y que el resto de países se las apañe como pueda”. Aproximadamente el 40% de las exportaciones alemanas van a la región, señala Guillén, quien recuerda que las ultimas crisis de Alemania se han producido por la inestabilidad que existía en los países que tenía a su alrededor. “En estos momentos no creo que Alemania tenga la opción de elegir”, añade.

Para Federico Steinberg, el caso de Chipre deja “dos lecciones importantes” sobre cómo se avanza en la resolución de la crisis del euro: Primero, que cada rescate es distinto y el equilibrio de fuerzas entre los distintos intereses hace imposible generalizar. “Así, en Grecia hubo reestructuración de la deuda, en Chipre ha habido un durísimo bail in, en el caso de Irlanda, a quien no se le permitió hacer un bail in en 2011, el BCE ha tolerado un acuerdo de monetización encubierta y, en el caso del rescate bancario español, el bail in ha sido muy reducido, afectando únicamente a las preferentes y subordinadas”, dos complejos productos financieros comercializados por los bancos españoles. Los compradores de estos productos de entidades quebradas van a perder parte de su inversión.

Segundo, que “los países acreedores de la zona euro han dejado claro que no se harán cargo de los llamados legacy assets (o activos heredados) de los sistemas financieros a los que rescatan; es decir, que hasta que la unión bancaria esté en marcha y haya un supervisor único que controle los excesos de los sistemas financieros nacionales, cada país tendrá que hacerse cargo de sus irresponsabilidades financieras. Y si al hacerlo su deuda pública crece demasiado, se buscarán fórmulas de bail in”.

En cuanto a la posibilidad de que la incertidumbre generada entre los ahorradores e inversores por el rescate de Chipre provoque una fuga de capitales de Europa, Joaquín Arriola lo considera posible. “Los movimientos de capitales vinculados al riego de los rescates van a suponer un mayor movimiento desde unos países (el sur) hacia otros (el norte) dentro de la propia Eurozona”, prevé.

Este profesor de la Universidad del País Vasco también cree que el rescate a Chipre -considerado para muchos como un paraíso fiscal dentro de la zona euro- adelanta, “sin duda”, una política más beligerante contra este tipo de países. “Chipre está siendo tratado como uno, al igual que, fuera de la UE, lo es Suiza. En cambio, otros mantienen su carácter de paraísos fiscales tanto dentro de la Eurozona (Luxemburgo) como fuera de ella (Londres, Gibraltar) sin que por ahora haya ningún movimiento de la UE para acabar con los mismos”, opina.