Panamá se encuentra en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde junio de 2014. El ministro de Economía asegura que estar en esta lista es la principal amenaza que tiene la economía del país.

Ciudad de Panamá. Con un retraso de unas dos horas y en un salón medio lleno, se dio inicio este martes a la discusión del proyecto de ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá.

El proyecto fue presentado por el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien argumentó que la discusión es de “urgencia nacional” por el hecho de que Panamá se encuentra en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde junio de 2014 y esta es la principal amenaza para la economía del país. Aseguró el ministro que ya que existen industrias que están siendo impactadas porque no pueden hacer ni recibir pagos de proveedores a través del sistema financiero internacional, entre otras afectaciones.

De La Guardia manifestó a la Agencia de Noticias Panamá que al menos tres actividades  están teniendo problemas con el pago a proveedores, además de las dificultades que están teniendo los bancos con sus corresponsales.

El funcionario ha preferido no revelar de cuáles actividades se trata, pero sí indicó que muchas personas utilizan los servicios que estas ofrecen y que la situación puede afectar cerca de 5 mil empleos en solo una de estas actividades.

“Es una industria de servicios, particularmente; ellos no tienen la capacidad en este momento, a través de Estados Unidos, de reemplazar equipos; tienen que buscar proveedores en otras partes del mundo y pagarles en una moneda distinta a la estadounidense, y eso los limita”, explicó.

En cuanto al impacto sobre las personas, De La Guardia no descartó el encarecimiento de los financiamientos a través del sistema bancario panameño, ya que al escasear las líneas de crédito o de corresponsales, habrá menos dinero para prestar a los clientes, por ejemplo,  para la compra de una casa, obtener un préstamo personal o una tarjeta de crédito.

Otro sector que se puede afectar son las empresas multinacionales porque tienen menos alternativas de pago a proveedores o transferencias, lo que resta atractivo  para establecerse en el país. De hecho, ya se está notando poco interés de instituciones financieras internacionales de abrir sucursales en Panamá.

Faltan ajustes. Aunque el proyecto presentado fue sometido a una amplia consulta, algunos  gremios esperan que se puedan realizar algunos ajustes.

Carlos Ernesto González, representante del Colegio de Abogados, indicó que durante el proceso de consulta lograron modificar algunos puntos, principalmente lo relacionado a la protección del secreto profesional, limitar el tipo de actuaciones en que los abogados deben proveer información de su cliente y la tercerización del servicio de oficial de cumplimiento.

No obstante, aún faltan otros ajustes. “Estamos muy preocupados por el monto de las multas, porque no guardan relación con el tipo de actividad; una cosa es aplicársela a un banco y otra, a un abogado que está ejerciendo por primera vez en la calle; deben tener una proporcionalidad”, consideró González.

De acuerdo con el proyecto las multas generales van dese US$5 mil hasta US$1 millón.

El abogado también se refirió al “poder ilimitado” de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Debe preocupar a todos, se ha utilizado antes de mala manera”, afirmó González.

La UAF se mantendrá bajo el paraguas de la Presidencia de la República, aunque se había solicitado que pasara a ser una entidad autónoma y evitar  situaciones como la utilización de la información confidencial para fines políticos.

Otro gremio presente fue el bancario. En su representación, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Jaime Moreno, dijo que los bancos deben proteger a los clientes y deben conocerlos, pero “también se debe proteger que nuestras empresas, nuestros bancos y nuestro país sea utilizado para actividades ilícitas, por lo que la Asociación Bancaria de Panamá piensa que el proyecto presentado ayuda o contribuye para que los bancos puedan hacer mejor su trabajo”, manifestó el banquero.

En cuanto a si solicitarían algún tipo de ajustes, su respuesta fue ambigua. Señaló que siempre hay espacios para mejorar y recordó que han participado en muchas reuniones sobre la discusión de proyecto, pero que, en efecto, sí estarían participando en la discusión del proyecto cuando se les dé espacio a los gremios para dar su opinión.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional someterá a discusión el proyecto el próximo miércoles, a partir de la 1:00 p.m.

A la reunión fueron citados los representantes de la UAF, Seguros y Reaseguros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores como primeros expositores, a los que les seguirán las actividades directamente afectadas.