El problema de la inseguridad que le cuesta a El Salvador unos US$2.000 millones; las diferencias entre los poderes del estado evidenciado durante el primer semestre de 2011 y la falta de aplicación de leyes así como las modificaciones a herramientas legales esenciales para el crecimiento económico, son elementos que no permiten que el clima de negocios en El Salvador salga de la nube gris en la que se encuentra.

Eso es lo que destaca el tercer informe de coyuntura legal e institucional que dio a conocer el departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades.


Laura Rivera, coordinadora del área de Derecho e Institucionalidad de Fusades, aseguró que El Salvador gasta el equivalente al 45% o más del presupuesto general del Estado en el tema de la violencia e inseguridad ciudadana de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial.

Por otro lado, Marjorie de Chávez, coordinadora del área comercial e internacional dijo que una de las acciones que más ha impactado en el clima de negocios, han sido las reformas a la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública conocida como Lacap, que reporta compras de bienes y servicios por el orden de los US$1,664 millones (7.2% del PIB aproximadamente).

Asimismo, la obligación de presentar una declaración patrimonial es un elemento que a juicio de los expertos de Fusades, va en detrimento de mejorar el clima de negocios y atraer nuevas inversiones.

En cuanto a medidas positivas, el informe destaca la discusión que se mantiene en la Asamblea Legislativa salvadoreña en el tema de los asocio público-privado, y la posible concesión del puerto de La Unión.

Ambos elementos generan un impulso para que la deprimida economía salvadoreña que no ha recibido mayores inversiones extranjeras durante el presente período, pueda salir del nubarrón y despuntar, dijeron los encargados del área legal de la fundación.