El Gobierno de Colombia incluyó este miércoles a Panamá en su lista de paraísos fiscales para controlar mejor los tributos de sus ciudadanos en ese país y ampliar así la millonaria recaudación que necesitará si firma un eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La inclusión de Panamá en esta "lista gris" compuesta entre otros por Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar, sonaba desde hace varios días, pues Colombia había solicitado al país centroamericano que firmase un acuerdo de intercambio de información fiscal.

Este miércoles, cumplido ese plazo sin contar con la rúbrica de Panamá, el Gobierno reacciona con esta medida que podrá ser revocada en cuanto el acuerdo se firme, según explicó el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Santiago Rojas.

Según explicó Rojas, lo que busca Colombia es "tener una información adecuada con Panamá" y explicó que no está "prohibido" tener dinero en otro país, pero que éste patrimonio debe ser declarado.

"Lo que queremos es cerrar el cerco a la gente que esconde plata en otros países", explicó el funcionario en una entrevista a Caracol Radio.

La declaración de paraíso fiscal traerá reglas tributarias distintas, como un aumento del impuesto para hacer giros, que pasarán del 10 % al 33 %, y la imposibilidad de descontar las compras que se realicen en ese país del impuesto de renta, si bien las operaciones comerciales con Panamá continuarán sin cambios.

El cerco del Gobierno colombiano a las cuentas de sus ciudadanos se estrecha conforme se acerca el ansiado postconflicto, pues se calcula que será necesaria una suma multimillonaria para la implementación de la paz en el país que por el momento no se sabe de donde saldrá.

Según cálculos presentados el martes por la Comisión de Paz del Senado, este proceso costaría unos US$45.000 millones en los primeros diez años que irían destinados al desarrollo agropecuario, la jurisdicción agraria, la formalización y registro de la propiedad rural, la eficiencia tributaria y la gobernabilidad local.

A esto se añadirían, además, los costes del fin del conflicto, tales como el desarme, desmovilización y reintegración de unos 18.000 excombatientes de grupos subversivos que operan actualmente en Colombia, lo que costaría unos US$307,5 millones.

La pregunta que todo el mundo se hace ahora es cómo se financiará eso, y la respuesta del Gobierno es a través de una reforma tributaria, que ya se está tramitando en el Congreso.

Entre las claves del proyecto figura la extensión del impuesto al patrimonio, que pagan los contribuyentes más ricos del país, así como del gravamen a los movimientos financieros, conocido como el "cuatro por mil".

El impuesto al patrimonio, creado en 2007 durante el segundo mandato de Álvaro Uribe para fortalecer al Ministerio de Defensa en su combate contra la guerrilla, es pagado actualmente por los contribuyentes con capitales superiores a los mil millones de pesos (unos US$510.000).

Las cargas están distribuidas hoy en cuatro categorías de las cuales la más alta es la del 1,5 % que grava los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos (unos US$2,5 millones).

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya explicó en otras ocasiones que la modificación consistiría en que quienes pagan el 1,5 % anual por su patrimonio aumenten esa contribución al 2,25 %.

Sin embargo, una de las preocupaciones manifestadas en reiteradas ocasiones por el Gobierno es saber qué pasa con el patrimonio que los colombianos protegen en el exterior.

Fue el caso de Panamá, país del que se desea "tener una información adecuada", en palabras de Rojas.

Más directo fue Cárdenas, que habló de evasión de impuestos al justificar en un comunicado la decisión de definir como paraíso fiscal a Panamá.

"Colombia ha adoptado políticas orientadas a estimular la cooperación entre países con el ánimo de evitar la evasión de impuestos, y de acuerdo con los principios de la OCDE", declaró Cárdenas citado en un comunicado de su despacho.

En su primera reacción ante la medida, el Gobierno de Panamá rechazó la decisión de Colombia y anunció que trabaja para "implementar las medidas aplicables" contra este país por discriminación.

Panamá tiene "un sistema fiscal competitivo y sólido, por tanto, el Gobierno Nacional rechaza categóricamente cualquier designación de paraíso fiscal", indicó un comunicado de la Cancillería de ese país.