El buen uso de las normas impulsa el crecimiento económico, la creación de empleos y la competitividad de las empresas, dice el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.

El gobierno desconoce qué costo tiene en la economía la carga regulatoria existente. Se sabe que para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que Colombia espera ingresar en los próximos meses, la regulación cuesta en promedio 3,8% del PIB.

El buen uso de las normas impulsa el crecimiento económico, la creación de empleos y la competitividad de las empresas, dice el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía. Sin embargo, advierte que el costo de la carga regulatoria es todavía desconocido para Colombia,

“En los países de la OCDE la regulación tiene costos para la economía. Una reducción del 25% en dichos costos tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico”, explicó Mejía en un evento organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria).

El director del DNP recordó que el CONPES 3816 de 2014 estableció la hoja de ruta para la mejora regulatoria en el país. “Como resultado se planteó una estrategia que puede agruparse en cuatro líneas de acción: implementar y reglamentar el Análisis de Impacto Normativo, generar las capacidades para este análisis, optimizar la consulta pública y hacer una simplificación administrativa”, señaló.

Mejía resaltó que dentro de los avances logrados por el país en esta materia está la emisión del Decreto 270 de 2017, a través del cual las entidades nacionales deben someter a consulta pública la nueva regulación a emitir durante, al menos, 15 días.

En el segundo semestre de 2017 se trabaja en el uso público del Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), una plataforma web que permitirá a todos los ciudadanos, desde un mismo lugar, conocer y participar en la elaboración de los proyectos de regulación, anticipó Mejía.

El funcionario comentó que el DNP hizo un análisis integral sobre la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional durante los últimos 17 años. Para ello utilizó novedosas técnicas de big data que permitieron estudiar y clasificar el contenido de la producción normativa. Ese diagnóstico arrojó que entre el año 2000 y 2016 se emitieron cerca de 95 mil normas en Colombia, de los cuales casi 17.000 corresponden a decretos y 69.000 a resoluciones, es decir, cerca de 3 decretos, 11 resoluciones y 15 regulaciones por día.

Colombia implementará la política de mejora regulatoria OCDE a partir del año 2018. La estrategia principal de la reforma es la implementación de la metodología del Análisis de Impacto Normativo. Este análisis garantiza que, previo a la expedición de una nueva regulación, se escoja la mejor alternativa posible para la sociedad y que esta solo se emita cuando sus beneficios superen sus costos, indicó Mejía en el evento de los banqueros.

El director del DNP destacó que existe una correlación importante entre la calidad de la infraestructura y el desarrollo económico, y que para el período 2015-2018 Colombia expandirá su infraestructura de manera importante. “Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos, permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales”.

Para Mejía es claro que existe una correlación importante entre el desempeño logístico y el desarrollo económico. dijo que los tiempos promedio en trámites de importaciones y exportaciones en Colombia son los más altos de la región: 112 horas en promedio de cumplimiento fronterizo (frente a 24 horas en Panamá, 32 en México, 56 en Brasil, 57 en Chile y 60 en Perú. También comentó que mejorar la operación logística es fundamental, pues Colombia ocupa el puesto 94 de 160 países en el índice de desempeño logístico (LPI). El mejor país del ránking mundial es Alemania, seguido de Luxemburgo y Suecia, y Estados Unidos ocupa el décimo lugar. Panamá, en la casilla 40, es el mejor de los latinoamericanos. Para solución esta dificultad, Planeación Nacional está desarrollando la Misión Logística, que entregará valiosas recomendaciones de política pública para resolver estos problemas de manera estructural.

En cuanto a la distribución de los subsidios, indicó que “el gasto público en subsidios sociales ha aumentado en los últimos años”. De 2010 a 2015 el monto de los subsidios pasó de $49,6 billones a $71,8 billones. Un grave problema es que los subsidios sociales no son progresivos, pues hay millones de personas en el quintil más alto que reciben subsidios a servicios públicos. 

Recordó que el DNP trabaja en la nueva metodología del Sisben IV para hacerlo más justo, identificando inconsistencias con cruces de solo dos bases de datos,  FOSYGA y UGPP, y de septiembre de 2015 se redujeron los 653 mil “colados” en el Sisbén a 235 mil en abril de 2017.