Hilse Ortiz no quiere regresar a su casa cuando baje la inundación, porque sabe que su vivienda va a estar inhabitable. Los casi dos meses que lleva literalmente con el agua hasta el techo han realizado su tarea y no sólo acabaron con el amoblado, sino que debilitaron su estructura. “Yo fui por allá y eso está muy maluco”, dice esta mujer de 38 años, otra de los miles de personas damnificadas por el invierno colombiano. El canal que sirve de comunicación fluvial entre Cartagena de Indias y el río Magdalena, en el norte del país, no aguantó la presión del agua producida por el invierno más fuerte en los últimos 60 años, inundando varios municipios en los departamentos de Atlántico y Bolívar.

A Hilse, sus tres hijos y su esposo desempleado –perdió su trabajo a raíz de la inundación– sólo les quedó una colchoneta. Y la administración de Juan Manuel Santos, seis meses después de su posesión, tiene un país en emergencia, con 2,2 millones de damnificados. Muchos de ellos ya eran pobres, pero otros, como la familia de Hilse, han quedado a puertas de serlo.

Las lluvias dejaron además un millón de hectáreas agrícolas bajo el agua, 220 puntos de carreteras con paso restringido en 15 departamentos, 345.000 viviendas averiadas –1,5% de ellas destruidas–, y le va a costar al país, según cifras del mismo gobierno, US$ 5.400 millones, un cuarto en asistencia humanitaria y el resto en reconstrucción. Cambió además la agenda inmediata del gobierno, los ministros tuvieron que marchar a ritmo de botas pantaneras, no sólo para atender la emergencia, sino para replanificar las necesidades y, de paso, reacomodar el Plan de Desarrollo 2010-2014 (“Prosperidad para Todos”) a la nueva realidad. Todo esto en medio del estado de emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en diciembre.

RIESGO AMBIENTAL.

Aunque Colombia ha avanzado en los últimos 20 años en gestión del riesgo climático, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está rezagada en uno de sus cuatro componentes, el de la protección financiera. “En este sentido cabría recomendar que el Estado defina una apropiada estrategia de protección financiera basada en estudios de riesgo y que reconozca a los desastres como pasivos contingentes”, indica un estudio realizado por el organismo.

Y es que el desastre no sólo es culpa de la naturaleza. A las fuertes lluvias se suma el mal manejo ambiental de las cuencas fluviales en Colombia. La deforestación y el vertido de los alcantarillados aumentan la sedimentación en los ríos, que pierden profundidad y con ello se desbordan ante eventos como el de noviembre.

Para Sergio Lacambra, especialista en manejo de desastres del BID, salir a buscar recursos de emergencia en la banca internacional es mucho más costoso que prevenir. Estudios hechos en Perú demuestran que por cada dólar invertido en prevención y mitigación, el Estado se puede ahorrar de U$ 3 a U$ 12 en respuesta, rehabilitación y reconstrucción. “Tenemos barrios enteros construidos en zonas de alto riesgo, en algunos mitigable, pero en otros hay que movernos a zonas que tengan condiciones geográficas”, dice Hernando José Gómez, director de Planeación Nacional.

LOCOMOTORAS AVERIADAS.

La gran pregunta es si el invierno hará naufragar las metas de Santos de sacar de la pobreza a 2,5 millones de colombianos, llevar al país a un crecimiento anual de 6,2% y reducir la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año.

Difícil se ve. Tres de las cinco locomotoras, como llama Santos a los sectores prioritarios para el desarrollo económico y social, fueron golpeadas por las lluvias. Mientras que minería y ciencia y tecnología quedaron intactas, los fuertes aguaceros golpearon a las de agricultura, infraestructura y vivienda. “Indudablemente se va a perder tiempo, pero depende de qué tan eficiente resulta ser el Estado, se podrá salir de las crisis sin afectar en gran manera sus metas”, dice en Bogotá el profesor Mario Pinzón, del Centro de Investigaciones en Derecho Económico de la Universidad del Externado.

De hecho, la ilusión de Santos de convertir a Colombia en una despensa agrícola para el mundo tendrá que empezar ahora por secar las tierras y recuperar las que quedaron contaminadas por las aguas, como en el caso de las de la sabana de Bogotá, anegadas por el río del mismo nombre y el más contaminado del país. En infraestructura se dará prioridad a la reconstrucción de carreteras averiadas y a vivienda. Si bien se mantendrá la meta de construir un millón para el cuatrienio, muchas familias no propietarias tendrán que seguir esperando.

Pero, pese al nublado panorama, el gobierno podría sacar partido de la crisis y convertirla en un trampolín hacia el crecimiento. Las obras de reconstrucción tendrán un componente importante en la dinamización de la economía y la generación de empleo, incluso para los mismos damnificados que serán capacitados gratuitamente para tal fin. Una oportunidad para el marido desempleado de Hilse Ortiz.

“Qué mejor oportunidad que una tragedia como ésta para tener una visión clara de qué es lo que queremos mejorar en el largo plazo”, dice Constanza Blanco, investigadora de la Universidad del Externado.

Otra cuestión espinosa es de dónde saldrán los recursos y cómo se aplicarán. El gobierno aseguró que no va a aumentar el déficit fiscal, dado que los US$ 5.400 millones que costará la reconstrucción saldrán fundamentalmente de la venta del 10% de las acciones de la petrolera estatal Ecopetrol, los 32.000 nuevos contribuyentes al impuesto al patrimonio –pagado por las clases de mayores ingresos– y el aplazamiento hasta 2014 de la eliminación del impuesto a los retiros bancarios. Según Gómez, la idea es que estos recursos se apalanquen con otros provenientes de regalías, de entidades territoriales y de concesiones y alianzas de los sectores público y privado. Pero tal cantidad de recursos, y en un año de elecciones locales, es un platillo codiciado para los políticos.

Santos hizo un llamado a los gobernadores regionales y organismos de control del Estado para velar por el buen uso de los fondos, y el gobierno conformó además una comisión ética, integrada por la firma internacional KPMG and Kroll y Transparencia Internacional, para supervisar los gastos. “Ahora lo que tenemos que hacer es priorizar para construir la casa que estábamos pensando tener”, dice Pinzón. “Que sea menos o más bonita de lo que esperábamos, dependerá, sobre todo, de cómo se administren los recursos públicos”.

Las aguas siguen bajando, pero los días de sol de mediados de enero, según las autoridades meteorológicas, son el anuncio de nuevas lluvias. Y lo último que quieren los colombianos es otro cataclismo estilo Cien Años de Soledad, como la lluvia que duró cinco años.