El gobierno colombiano anunció este jueves seis nuevos decretos al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, para hacer frente a los estragos que dejó la ola invernal en el país.

El siguiente es el paquete de medidas aprobado durante el Consejo de Ministros que sesionó por más de cuatro horas en la Casa de Nariño y que continuará este viernes 21 de enero en la tarde.

Decreto de alivio en tarifas de servicios públicos domiciliarios a los damnificados y afectados por la emergencia invernal. Las empresas de energía eléctrica, gas natural, y acueducto y alcantarillado, no cobrarán el servicio a los damnificados que no cuentan con el mismo.

Habrá un subsidio excepcional que cubre la totalidad de costo del consumo básico a familias afectadas por el invierno pero que no les han suspendido el servicio. Este beneficio cobija a cerca 320 mil familias damnificadas. La medida tiene un costo superior a los 60 mil millones de pesos.

Decreto que establece alivios tributarios, aduaneros y cambiarios para damnificados. El Consejo de Ministro aprobó deducir del impuesto de renta las perdidas por efectos del invierno durante el año gravable 2010. Así mismo, se podrá restar del patrimonio líquido el valor patrimonial de los bienes afectados por el invierno. En la reglamentación de este decreto se contemplarán drásticas sanciones para los contribuyentes y sus revisores fiscales que pretendan con estos alivios eludir o evadir impuestos.

Decreto para promover el seguro agropecuario. La medida está orientada a incentivar a que los agricultores adquieran el seguro agropecuario contra riesgos climáticos, para que no lo pierdan todo, como ha sucedido en la actual emergencia.

Se promueve la competencia en este seguro, pues lo pueden ofrecer aseguradoras nacionales y extranjeras. Se crea la Dirección Nacional de Riesgo Agropecuario para evaluar riesgos por sectores agrícolas.

Por decreto se crea el Programa Especial de Reforestación. Teniendo en cuenta que la falta de reforestación es una de las principales causas de inundaciones presentadas en esta emergencia, el Gobierno decidió ejecutar proyectos de reforestación comercial en áreas afectadas por el Fenómeno de la Niña

Habrá una ventanilla única para los trámites de inversionistas que hacen reforestación comercial. Además, habrá asistencia técnica para quienes se comprometan con programas de reforestación.

Decreto para destinar recursos para intervenir colegios que no son del Estado. La medida permite flexibilizar el uso de recursos públicos para reconstruir y reparar colegios que no son propiedad del Estado.

De esta forma se busca garantizar la prestación rápida de la educación a los niños en zonas afectadas por el invierno, con el propósito de que ningún niño pierda clase, y evitar que se paralicen reparaciones por ser colegios privados o no estatales.

Decreto que precisa los requisitos para ser beneficiario del empleo de emergencia. El decreto garantiza que verdaderamente se beneficien con este plan de empleo los damnificados y/o las personas que viven en zonas afectadas, especificando con mayor claridad los requisitos para los aspirantes al mismo.

En ese sentido, estas personas deben ser damnificadas directamente por el invierno o vivir en zonas que han sido afectadas ampliamente por esta situación, estar clasificadas en los niveles uno y dos del Sisben o estar dentro de la base de datos de la Red Juntos, y que estén certificados por el Sena u otras entidades de capacitación. Así mismo, prorroga por seis meses más la posibilidad de acudir a este tipo de contratación.

Estas medidas se suman a los 27 decretos que hasta este jueves se habían expedido y que van desde la creación de un Fondo de Reconstrucción, cuya junta será presidida por Jorge Londoño, actual presidente de Bancolombia, hasta las facilidades necesarias para que 556 mil niños no se queden sin clases en los próximos meses.

En medio de esta cascada de decretos se coló uno que poco tiene que ver con la emergencia invernal y que redujo de 120 kilómetros a 100 kilómetros el límite de velocidad en las carreteras nacionales.

Para el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán “cualquiera de esos decretos que no tenga relación con hechos que permitieron declarar la emergencia no tendría suficiente apoyo constitucional. Eso será lo que tiene que analizar la Corte, si se guardó esa relación entre los decretos y las causales”.

El magistrado Mauricio González Cuervo quedó encargado de estudiar la exequibilidad de las medidas, para lo que solicitó información detallada al Ideam sobre el fenómeno de ‘La Niña’ y el comportamiento general del clima en el país. Voces del gobierno argumentan que han blindado la expedición de las medidas con serios análisis, para lo que han contado con la asesoría del connotado constitucionalistas Manuel José Cepeda y el exministro Juan Carlos Esguerra.

Por su parte, algunos analistas han señalado que los decretos relacionados con nuevos gravámenes pueden ir en contravía del espíritu de la Carta Magna. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.

Respaldo. Con un mayoritario apoyo de la opinión pública nacional, dada la magnitud de la tragedia, el pasado 7 de diciembre el Ejecutivo decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. El 6 de enero, la medida, con vigencia de 30 días, fue prorrogada por 20 días más, con posibilidad de hacerlo por otros 70.

El pasado 17 de enero, el Congreso aprobó la emergencia decretada por el Gobierno. En el senado sólo hubo dos voces disidentes, entre las que se encuentran la del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien asegura que la emergencia “es para aplicar en casos de hechos sorpresivos, como un terremoto, pero a mí que no me vengan a decir que el invierno y las inundaciones fueron sorpresivas. Yo tengo un documento de mayo de 2009 en el que los vecinos del Canal del Dique advierten que se iba a reventar. Y hay también informes de prensa. Aquí lo que quieren es hacer lo que les da la gana y saltarse el Congreso”.

A pesar de estas voces, el Gobierno contó desde el comienzo con el apoyo de sus mayorías de la denominada unidad nacional. Con este marco, el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de Gobierno expidieron decretos con fuerza de ley.