Bogotá. Colombia subirá el impuesto a la renta de las personas y bajará el de las empresas, entre otras medidas tributarias, para levantar 14 billones de pesos (US$4.395 millones) destinados a financiar el presupuesto del próximo año, dijo este lunes el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin embargo, la iniciativa enfrenta un difícil camino al interior del Congreso porque el gobierno no tiene una mayoría sólida, además queda poco tiempo para el debate antes de que termine el año.

El impuesto a la renta de las personas de clase alta se buscará elevarlo en tarifas diferenciadas desde el actual 33% a un 35% y un 37%, dependiendo de varios rangos de ingresos.

En tanto, el impuesto a la renta de las empresas, se disminuirá a un 30% desde el actual 33%.

La cuarta economía de América Latina enfrenta el reto de disminuir su déficit fiscal a un 2,4% del PIB el 2019 desde un 3,1% previsto para este año y hasta un retador 1,5% en el 2022, clave para evitar la pérdida del grado de inversión.

Dentro de la propuesta está la extensión del impuesto sobre las ventas o IVA a más productos, al tiempo que la tarifa sería reducida en un punto porcentual a partir del próximo año desde el 19% actual, hasta llevarla a un 17% al término del actual gobierno, en el 2022.

El impuesto a las ventas puede ser motivo de controversia porque impactará a personas que hasta ahora no lo pagaban.

"Además de lo anterior, se fortalecerán las penas contra los evasores y se crearán tribunales de arbitramento aduanero por pequeños montos para simplificar procedimientos", dijo a periodistas el director de la DIAN, José Andrés Romero.

El funcionario explicó que el proyecto de ley incluirá un plan para modernizar a la DIAN en busca de optimizar el recaudo y combatir la evasión de impuestos, lo que le aportaría al país unos 30 billones de pesos (US$9.410 millones) de recaudo anuales, con lo que "ya no serían necesarias más reformas tributarias durante este gobierno".

La cuarta economía de América Latina enfrenta el reto de disminuir su déficit fiscal a un 2,4% del PIB el 2019 desde un 3,1% previsto para este año y hasta un retador 1,5% en el 2022, clave para evitar la pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo.