A Colombia les preocupan los que no quieren pagar impuestos. Pero también los fraudes y su seguridad. Mandatarios de ambos países dieron instrucciones a sus ministros de Hacienda para solucionar el ‘impasse’.

En el panorama de las relaciones entre Colombia y Panamá, al menos por ahora, sólo se vislumbran rayos y centellas.

La determinación colombiana de declarar a Panamá paraíso fiscal fue el baldado de agua helada con que el país vecino arrancó este miércoles. “Ponernos en una lista de paraísos fiscales es un absoluto desconocimiento de Panamá. Somos serios en el manejo de nuestro sistema y realmente lamentamos esta decisión”, dijo, en los micrófonos de Blu Radio, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo. “Estamos analizando los pasos a tomar, pero definitivamente Panamá no puede quedarse cruzada de brazos”, agregó.

Sin embargo, ambos países declararon su confianza en acordar una solución conjunta. Consciente de la situación, el presidente Santos señaló en Twitter que había hablado con Varela, y que ya los ministros de Hacienda tenían la instrucción de solucionar este problema de información.

Este es el segundo tema de gran importancia en el que se cruzan el recientemente posesionado mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, y Juan Manuel Santos. El primero fue el caso María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS en juicio en Colombia por las chuzadas y asilada en territorio panameño por cuenta del antecesor de Varela. El ayer, sin embargo, fluía mucho mejor que el hoy: “Le hemos dicho a Colombia que nos estamos poniendo un plazo perentorio para diciembre y decirle si podemos o no hacer lo que nos está pidiendo o mirar qué podemos hacer. Se nos ha dicho que no, que teníamos que sentarnos a negociar ya, eso es lo que no puede ser, esa es la presión que no procede”, reclamó Saint Malo.

La decisión de declarar a Panamá paraíso fiscal la confirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien aseguró que se seguirían haciendo esfuerzos para llegar a una solución satisfactoria. “Panamá no quiere compartir datos. Hay mucha gente en Colombia que está evadiendo impuestos mandando la plata para allá, es un lugar muy atractivo para ocultar el dinero. Se necesitan los nombres de los dueños de las empresas que se registran allá, de los accionistas, todo lo que sea posible para saber cómo se mueven los dineros que salen de Colombia”, le dijo una fuente de la DIAN a este diario quien, a su vez, admitió que “con el nuevo gobierno de Varela hay voluntad de revisar este tema”.

De esta forma, con el decreto que acaba de expedir el gobierno nacional, Panamá pasó a formar parte del mismo listado en el que ahora están Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar —este último, la polémica sede del Mundial para 2022—. Sólo con Panamá, no obstante, se tienen en común tantos vínculos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y fronterizos.

Cárdenas explicó que se trataba de una medida basada en los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero en el país que se separó de Colombia hace 111 años sólo se oían voces de descontento: “Están presionando y chantajeando al país”, le dijo el economista Juan Jované al diario panameño La Estrella.

No se trata solamente de Colombia. Ya en junio de este año, luego de reunirse en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) había advertido que Panamá estaba en su lista gris junto a otros 22 países, entre los que figuran Afganistán, Argentina, Cuba, Turquía o Yemen. Kuwait también aparecía ahí. En cristiano, ese anuncio quería decir que tenía estrategias deficientes para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero que había hecho el compromiso de trabajar en esas deficiencias, esfuerzo del cual depende salir de la lista. Panamá, según registraron diarios locales en su momento, debía crear una unidad de inteligencia financiera y ampliar los requerimientos de reportes de actividades sospechosas.

Un viejo dolor de cabeza. La primera parte de la explicación de lo que acaba de suceder es la siguiente: el 26 de diciembre de 2012, el presidente Santos puso su firma en una nueva reforma tributaria, cuyo propósito era reducir la evasión de impuestos, bajo la lógica con que funciona la OCDE —a la que Colombia quiere ingresar—: mientras en un país desarrollado el recaudo tributario puede significar hasta el 34% del PIB, en Colombia no pasa del 15%. Como el gobierno tiene conocimiento de que los evasores están usando de refugio a países como Panamá, hace un año Colombia les dio a los panameños un plazo final para firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Y, dado que el acuerdo no se firmó en el período establecido, pasó lo que pasó.

“Parte del problema radica en que no tenemos información de capitales colombianos en Panamá. Tener capital en Panamá es legítimo, lo que queremos es que paguen impuestos como todos los demás. No se justifica que se escoja un paraíso fiscal para eludir normas”, le dijo a este diario Santiago Rojas, director de la DIAN. Otras fuentes de esa entidad explicaron que el asunto es así de sencillo: entre las personas verdaderamente ricas de este país, el recaudo de impuestos es mínimo. “Las grandes fortunas colombianas están allá”, señalaron. “A través de sociedades de Panamá se pagan los colegios, clubes, hasta las empleadas del servicio. Hay una desproporción en la tributación de personas naturales que es inexplicable”.

La segunda parte de la explicación tiene que ver con un problema de vieja data: a veces esconder capitales en Panamá ha significado mucho más que eludir impuestos. El cartel de Medellín, por ejemplo, manejó millones de dólares por ese país en los años 80. Hasta la hija menor de Pablo Escobar nació allá.

Cuando la ‘pirámide’ que fundó David Murcia Guzmán —hoy extraditado a EE.UU. por lavado de activos— se derrumbó, se vino a saber que DMG había creado una telaraña empresarial que incluía unas 200 sociedades en Panamá. O está el fraude del Fondo Premium, que no hubiera sido posible sin las sociedades que se crearon en dos paraísos fiscales: Curazao y Panamá. La DIAN quiere y necesita información de todas las empresas fundadas con capital nacional.

La tercera parte de la explicación tiene que ver con lo que la falta de información está representando para Colombia en seguridad. El Espectador conoció que en este momento hay, cuando menos, nueve sociedades establecidas en Panamá y 26 personas de ambos países en el radar de las autoridades colombianas, cuyos nombres nos abstenemos de publicar. Se trata de personas y empresas que podrían estar financiando, por ejemplo, a grupos armados ilegales con recursos de contrabando, aunque aún no hay indagaciones penales contra ellos.

Además, fuentes de la DIAN calculan que cada año al país entran unos US$6.000 millones por contrabando, de los cuales el 75% provendría del calzado y los textiles que entran desde Panamá.

Colombia y Panamá cuentan con una larga tradición de cooperación. Tienen la Comisión de Vecindad, de Cooperación Técnica y Científica y la Comisión Binacional Fronteriza. Pero hoy hay más enojos que fluidez por cuenta de la declaración de paraíso fiscal, que significa, entre otras cosas, que los impuestos a giros o exportaciones aumentaron. Y los lamentos no vienen sólo de Panamá: representantes del sector financiero como Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, manifestaron su desacuerdo con el manejo de la medida, calificada como “inconveniente”.