Universia Knowledge Wharton. A medida que Puerto Rico se acercaba al impago de su deuda el día 1 de agosto, lo que le ha valido el apodo de la “Grecia americana”, también se comienza a analizar la larga lista de todas las cosas que salieron mal en los últimos 40 años o más. Más conocida por sus atracciones turísticas -playas, cascadas y selvas tropicales-, la isla del Caribe está pagando por décadas de leyes laborales mal formuladas y mecanismos institucionales ineficaces, entre otras limitaciones. Puerto Rico necesita urgentemente la protección de la bancarrota para contener el caos que el impago pueda traer, junto con reformas estructurales en varios sectores, señalan los especialistas de Knowledge@Wharton.

Para los empleadores, el salario mínimo de US$7,25/hora no es competitivo, lo que desalienta la creación de empleos en el sector formal. Los programas liberales de bienestar también desaniman a las personas a buscar empleo en el sector formal. En lugar de eso, ellas buscan empleo en el sector informal, donde los trabajadores no son tomados en cuenta por las estadísticas del sector laboral y por la recaudación fiscal. La eliminación de los incentivos fiscales en 2005 que beneficiaban a las empresas americanas que invertían en Puerto Rico también frenaron la creación de empleos en años recientes. Buena parte del daño se atribuye también a décadas de estructuras institucionales y de recaudación de impuestos inadecuadas, obstáculos a la hora de hacer negocios, dificultades para el registro de propiedades y barreras comerciales marítimas.

Todos esos problemas parecían convergir hace unas semanas, cuando la Sociedad de Finanzas Públicas de Puerto Rico dejó de transferir US$93,7 millones para el pago del principal y de los intereses de sus bonos. Con una deuda de US$72.000 millones, el problema inmediato del territorio es que no puede recurrir a la protección facilitada por las leyes de bancarrota de EE.UU. El capítulo 9 del Código de Bancarrota de EE.UU. concede protección a las municipalidades y las ayuda a reestructurar sus deudas. Pero, a diferencia de Detroit o de Stockton, en California, que están entre las ciudades que recurrieron a la protección ofrecida por el capítulo 9 de la ley de bancarrota en años recientes, Puerto Rico no es considerado Estado ni municipalidad por las leyes federales americanas.

Los asuntos clave. “Sin la [protección] del capítulo 9, cualquier acreedor puede ir al banco, por eso puede haber pánico bancario”, dijo Anne O. Krueger, profesora senior de investigaciones de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.

La necesidad “más urgente” consiste en crear una manera de ayudar a la isla a lidiar con las consecuencias de un impago, según explica  Frank H. Shafroth, director del Centro de Liderazgo de los gobiernos Estatales y Locales de la Universidad George Mason. Él recomendó que se instaurara un proceso que garantizara el suministro de los servicios públicos esenciales. “De lo contrario, será el caos”, dijo. Shafroth tiene fuertes lazos familiares con Puerto Rico. Su tatarabuelo, el senador John Shafroth, demócrata de Colorado, fue pieza fundamental en la redacción de la Ley Jones-Shafroth, de 1917, que proporcionó la ciudadanía americana a los habitantes de la isla.

Puerto rico necesita “nuevas instituciones, estructuras, leyes e incentivos” dijo  Rosario Rivera-Negrón, economista senior y profesora de Economía de la Universidad de Puerto Rico. “Sin actividad económica, no habrá ingresos, y ya hemos podido observar que la crisis fiscal se alimenta de la crisis económica, por lo tanto tenemos que lidiar con las dos cosas”, dijo.

Krueger, Shafroth y Rivera-Negrón discutieron los problemas económicos de Puerto Rico y sugirieron medios de reactivar el crecimiento local durante el programa de Knowledge@Wharton en Wharton Business Radio, canal 111 de SiriusXM.

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Una historia de medidas equivocadas. ¿Cómo llegó Puerto Rico a esa situación terrible? “En cierta forma, la culpa es de todos”, dijo Krueger en relación a los problemas de la isla. La situación local es resultado de un proceso de varios años en que Puerto Rico tuvo que lidiar con déficit fiscales y saldos en cuenta cada vez menores, dijo. Ahora, todas las opciones posibles para lidiar con el elevado nivel de la deuda se agotaron, añadió. Krueger es coautora de un informe de junio de 2015 titulado “Puerto Rico, un camino por delante“.

La profesora dijo que Puerto Rico intentó lidiar con su deuda a lo largo de los años, pero ninguno de sus proyectos salió bien. Los gastos excesivos y la incapacidad, “por varios motivos”, de recaudar impuestos acentuaron aún más el daño, añadió. Según Krueger, la culpa es también de EE.UU., ya que Puerto Rico no es Estado ni país y, por lo tanto, tiene menos opciones que los demás 50 estados que pueden declararse en bancarrota.

“Puerto Rico no crece desde hace 20 años”, dijo Krueger, llamando la atención sobre dos grandes reveses a los que se enfrentó el territorio en ese periodo. El levantamiento, en 2005, de las exenciones fiscales sobre los beneficios de las empresas que invierten en Puerto Rico fue “significativa”, dijo. Pidió también a los legisladores americanos que “hagan alguna cosa” para que las empresas se sientan nuevamente entusiasmadas por invertir en la isla. El incremento de los precios del petróleo entre 2002 y 2008 también perjudicó seriamente a la economía de la isla. Puerto Rico depende mucho del petróleo para la generación de energía, y los altos precios elevaron “increíblemente” los costes de su compañía eléctrica, dijo ella.

Rivera-Negrón observó que Puerto Rico no había prestado la debida atención “a diversas advertencias desde los años 70 de que, en algún momento en el futuro, su economía pasaría por lo que está pasando ahora”. El gobierno de la isla no hizo las reformas estructurales que debería haber hecho y su modelo económico dependió enormemente de la llamada Sección 936 del Código de Impuestos Internos americana, que concedía exención de impuestos sobre la renta para las empresas americanas que invirtieran en la economía del territorio, añadió. “En algún momento, sin embargo, el fracaso sería descomunal, y fue lo que sucedió”.

Desanimar el trabajo, animar el estado del bienestar. Según Shafroth, Puerto Rico falló al no establecer un sistema tributario eficaz, limitando así los beneficios concedidos a su población. “En este momento, los beneficios dados a los desempleados hacen que no trabajar sea más atractivo debido a los salarios disponibles para la mayor parte de las personas en el territorio”, dijo. “En realidad, hay una política gubernamental que tiende a desalentar el trabajo e incentivar los gastos”.

El informe de Krueger presenta detalles muy significativos sobre el impacto de las leyes puertorriqueñas sobre la fuerza laboral y los salarios. “Solamente 40% de la población adulta -frente a 63% del territorio continental de EE.UU.- tiene empleo o está buscando trabajo, el resto se encuentra económicamente ociosa o trabaja en la economía informal”, señala el informe. El documento cita también dos razones para la situación actual. En primer lugar, los empleadores no se sienten motivados a contratar trabajadores porque el salario mínimo federal es muy alto en comparación con la media local y, en segundo lugar, las regulaciones locales referentes a las horas extras, vacaciones pagadas y despido implican costes elevados y son más onerosas que en EE.UU.

“Los trabajadores no se sienten motivados a buscar empleo porque el sistema de bienestar social proporciona beneficios generosos que, con frecuencia, exceden lo que ofrece el empleo de salario mínimo”, señala el informe. Este cita una estimación según la cual una familia de tres personas con derecho a vales de alimentación, Medicaid y subsidios para servicios básicos recibe US$1.743 al mes, mientras que el trabajador que recibe un salario mínimo lleva a casa US$1.159. “Como consecuencia de eso, hay una subutilización a gran escala de la mano de obra, de renuncia a la producción y una competitividad en declive”, destaca el informe.

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En busca de soluciones. Los partidos políticos que gobiernan el territorio desde hace más de 25 años no fueron capaces de producir “un plan económico confiable y la reformulación del modelo económico existente”, dijo Rivera-Negrón.

Entre otras cosas, Krueger citó el turismo como oportunidad para Puerto Rico “si la isla ordena sus políticas internas y externas con EE.UU.”. Ella dijo que el territorio cuenta con varios “recursos atractivos”, tales como una fuerza laboral que habla inglés, ausencia de requisitos para pasaportes y predominancia de las leyes americanas. Pero en lo que se refiere a las familias de poder adquisitivo más sensible a los precios y que buscan donde pasar las vacaciones, Puerto Rico no puede competir con las islas vecinas o con México, donde el salario mínimo es menor, dijo ella.

Rivera-Negrón dijo que las reformas laborales son fundamentales para Puerto Rico, en la medida en que la isla busque solucionar sus problemas. “¿Cómo podemos crear algún tipo de incentivo que atraiga a las personas que trabajan como profesionales [en el sector informal] o que no estén empleadas en posiciones en el sector formal con buenos incentivos?”, se preguntó. Una solución para ese problema sería ayudar al territorio a recaudar impuestos sobre la renta y otros tributos que necesita, añadió.

Además de las reformas para la promoción de inversiones en las empresas y la creación de empleos, el Congreso americano podría también ayudar a bajar el coste de vida de la isla, dijo Rivera-Negrón. Ella destacó, en especial, las llamadas leyes de “cabotaje”, que niegan al territorio los beneficios plenos del comercio marítimo. Por las restricciones de cabotaje en la ley marítima americana, solamente los navíos de bandera americana pueden ser usados para el transporte de carga entre los puertos del continente americano y los puertos de la isla. Los que se oponen a esa regulación dicen que la economía puertorriqueña se beneficiaría si los navíos de banderas extranjeras también pudieran transitar entre los puertos continentales de EE.UU. y los de Puerto Rico.