Con supuestos de crecimiento menos alentadores, una caída en los precios del crudo, la necesidad de enfrentar los costos derivados del posconflicto y la próxima temporada electoral, la mayoría de los economistas descartan que el país logre cumplir sus metas de déficit fiscal de 3,6% del PIB.
Un cóctel de factores que van desde la debilidad de la economía hasta un aumento en la emisión de deuda pone en riesgo la calificación de Colombia y el interés de los inversores extranjeros, quienes mostraron su descontento por la perspectiva demasiado optimista del Gobierno sobre sus finanzas.
Con supuestos de crecimiento menos alentadores, una caída en los precios del crudo, la necesidad de enfrentar los costos derivados del posconflicto y la próxima temporada electoral, la mayoría de los economistas descartan que el país logre cumplir sus metas de déficit fiscal de 3,6% del PIB este año y de 3,1% para el 2018.
Para ellos la ecuación es simple: a menor crecimiento económico y bajos precios del petróleo, inferiores ingresos y mayor déficit.
"Hay una clara desconexión entre la realidad y el camino actual retratado por el gobierno", dijo a Reuters Mario Castro, analista para América Latina de Nomura, en Nueva York.
"Creemos que el gobierno -en su marco fiscal a mediano plazo- justifica el cumplimiento de los objetivos de la regla fiscal basados en supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas y en un fuerte castigo a la inversión pública que no parece realista teniendo en cuenta las necesidades de inversión e infraestructura del país", agregó.
A la dificultad para lograr los objetivos de PIB, se suma el aumento de las metas de colocación de deuda pública local para 2017 y 2018, que profundizaron las preocupaciones y el malestar del mercado, debido a que en teoría las necesidades estaban cubiertas con una reforma tributaria que entró en vigencia este año y con la que se evitó una rebaja de calificaciones el 2016.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, argumentó que el aumento en las emisiones de deuda es acorde con la regla fiscal que rige al país andino y anunció que recortará el gasto público en unos US$1.655 millones el próximo año -equivalente a medio punto del PIB- para cumplir con la meta fiscal.
Pero la agencia Fitch también consideró que las proyecciones gubernamentales lucen ambiciosas y resaltó que la carga de la deuda bruta de Colombia se encuentra muy cerca del 50% del PIB, casi 10 puntos porcentuales más alta que el promedio de países con calificación similar a la del país andino, de 'BBB'.
"Si no hacen el ajuste necesario entonces la deuda va a seguir aumentando y podría ser un riesgo para la calificación", dijo a Reuters Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch, desde Nueva York.
También Moody´s advirtió que un crecimiento más débil tendría implicaciones para cumplir los objetivos fiscales de mediano plazo.
"Es muy probable que antes de finalizar este año nos bajen la calificación", opinó Juan David Ballén, economista jefe de la correduría Casa de Bolsa. "La gran pregunta es si nos bajarán a grado de inversión aún o a grado especulativo".
Inversores nerviosos. Según el más reciente reporte de tenedores de deuda pública interna colombiana, los inversores extranjeros cortaron en junio sus portafolios en 1,23 billones de pesos (unos US$400 millones), su primera disminución desde octubre del año pasado y el flujo de salida más alto en un mes por parte de este tipo de compradores, tras haber tocado un máximo récord en mayo.
El dato no es despreciable si se tiene en cuenta que los inversionistas foráneos son los segundos mayores poseedores de deuda pública interna, con una cuarta parte de ella.
"La gente no vio con buenos ojos los números del gobierno y algunos de los clientes nos dieron ordenes de venta para tomar utilidades y salir a otros mercados con mejores perspectivas como México", admitió el gerente comercial de un banco de inversión internacional que ofrece productos de renta fija y monedas, quien pidió la reserva de su nombre.
El movimiento de los agentes se vio reflejado también en el mercado cambiario entre junio y julio, en el que el peso se depreció un 5 por ciento en un mes hasta sus niveles más bajos desde finales de noviembre.
Ante la situación, centros de estudios económicos como ANIF no descartan que se tenga que hacer otra reforma tributaria en el 2018 para elevar los ingresos, al considerar que la reciente quedó corta.
Más aún cuando el margen de maniobra se reduce si se incluyen los gastos adicionales que generará el posconflicto tras el reciente acuerdo de paz acordado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que para los analistas aún ha sido difícil de cuantificar e incluye ítems como reparación a las víctimas y gastos en infraestructura social.
En una reciente entrevista con Reuters, Cárdenas, calculó ese gasto en alrededor de 3.000 millones de dólares anuales por los próximos 15 años. Pero cualquier reforma fiscal quedaría en manos del siguiente Congreso y Gobierno, que serán elegidos durante el próximo año.
"En el contexto de la presión de los años electorales para no recortar aún más el gasto, vemos riesgos de una desviación adicional del déficit", anotó el banco JPMorgan en un informe.
