Bogota. El Congreso de Colombia aprobó este miércoles una reforma que obliga al gobierno a mantener sanas sus finanzas públicas, sin gastar más de sus ingresos, convirtiéndose en el primer país de América Latina en elevar a obligación constitucional el equilibrio fiscal.

La reforma a la Constitución, que es parte de un paquete de iniciativas fiscales presentadas por el presidente Juan Manuel Santos al Congreso, es la primera que logra el actual Gobierno que busca impulsar el desarrollo de la economía con una mayor inversión extranjera en sectores como la minería y el petrolero para combatir la pobreza y el desempleo.

"Se acaba el Estado irresponsable en el sentido que gaste sin recursos, tenemos que para cada gasto definir los recursos suficientes, oportunos y fiscalmente sanos", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

"Los recursos que se necesiten se conseguirán, pero se conseguirán de manera sana y sostenible fiscalmente", explicó al aclarar que el Estado queda obligado con la ley a financiar las pensiones, la educación y la salud de los sectores más pobres.

De acuerdo con analistas, las reformas fiscales que impulsa el Gobierno en el Congreso han sido decisivas para que las agencias calificadoras Standard and Poor's y Moody's le regresaran a Colombia el grado de inversión que perdió a finales de la década de 1990 en medio de una grave crisis económica.

El gobierno también espera que en los próximos días el Congreso apruebe una reforma Constitucional a las regalías, que busca redistribuir los recursos por explotación minera y de petróleo en todo el país y no solo en las regiones productoras, una medida con la que busca combatir la corrupción y la malversación de recursos por parte de alcaldes y gobernadores.

También espera la aprobación de una ley de regla fiscal con la que el Gobierno busca ahorrar recursos que obtenga en épocas de bonanza y gastarlos en momentos de escasez.

Colombia arrojó un déficit fiscal consolidado de un 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2010, por encima del 2,7% del PIB que se registró en el 2009.

El desbalance fue equivalente a 17,7 billones de pesos (US$10.000 millones).

Mientras tanto, el déficit fiscal del gobierno en el 2010 se situó en un 3,8 por ciento del PIB, unos 21,02 billones de pesos (US$11.874 millones), frente a un 4,1% del PIB en el 2009.

Echeverry dijo que con la aprobación de la ley de sostenibilidad fiscal, aprobada después de ocho debates en el Congreso, dará austeridad al futuro y control al gasto, obligando a financiar anticipadamente los recursos.

El funcionario aseguró que el único país a nivel mundial que tenía en su Constitución la sostenibilidad fiscal era Alemania.

"Es confianza, crea confianza y eleva el volumen de negocios", afirmó Echeverry. La ley deberá ser sometida a un proceso de concertación entre el Senado y la Cámara de Representantes antes de que la sancione el presidente.