Paulo Magina, jefe de contratación pública de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quien llega hoy al país para participar en el foro internacional “Hacia las mejores prácticas en estructuración de proyectos”, organizado por el Departamento Nacional de Planeación y Colombia Compra Eficiente, en diálogo con El Espectador habló de cómo Colombia podría mejorar el sistema de contratación pública para cerrar la brecha de la corrupción, y cómo la estructuración de proyectos es una de las salidas.

-En países como Colombia son altos los niveles de corrupción. ¿Cómo combatirla en procesos de contratación pública?

-Las adquisiciones públicas son un área de alto riesgo debido a la cercana interacción entre esferas públicas y privadas. De todos los casos internacionales de soborno analizados por la OCDE en los últimos 13 años, cerca de dos terceras partes están relacionados con adquisiciones públicas. La OCDE ha diseñado listas de verificación para asegurar la integridad de los procesos de adquisición. Estas herramientas, que están disponibles en línea, hacen parte del conjunto que estamos desarrollando para la implementación de las recomendaciones de la OCDE sobre compras públicas. Necesitamos garantizar un nivel adecuado de transparencia, integridad, competencia y responsabilidad a través de todo el proceso de contratación, ejecución y pago para evitar el riesgo de corrupción.

-¿Por qué es tan difícil en los países latinoamericanos realizar buenas prácticas contractuales?

-El problema de diseñar un buen proceso de contratación no es específico de un país o región, sino que se presenta en diferentes jurisdicciones y naciones. En realidad, está relacionado con el aumento en la complejidad de los procesos de contratación en términos de legislación, el tamaño de los procedimientos, algunas veces el conflicto de intereses entre el dinero y los objetivos como sostenibilidad o consideraciones sociales, y la falta de planeación de la fuerza de trabajo. La OCDE apoya a muchos países latinoamericanos para que vayan avanzando y reformando sus sistemas de adjudicación, como en el caso de Colombia, México, Chile y, más recientemente, Perú.

-¿Qué se viene para Colombia luego del informe preliminar que presentó recientemente sobre compras públicas? ¿Hay avances?

-Colombia ha logrado valiosos avances en áreas claves como la divulgación de la información y la centralización de la contratación o adjudicación de los contratos. La OCDE recomienda continuar con el desarrollo y expansión de la segunda generación del sistema electrónico de contratación pública (Secop), reducir la duplicación de información mediante la eliminación del registro único de proponentes, implementar otras políticas de gestión de conflictos de intereses, hacer un mejor uso de las modalidades competitivas de selección de contratistas para impulsar la competencia y racionalizar la metodología de los controles legales. El desarrollo de capacidades del personal de adquisiciones y la aplicación de reformas territoriales también son esenciales.

-¿La estructuración de proyectos y la contratación pública están relacionadas?

-Sí, claro. Los proyectos exitosos de infraestructura empiezan con un buen proceso de toma de decisiones, una planeación exitosa y modelos de gobierno efectivos, los cuales son similares a los procesos de contratación pública.

El hecho de que la contratación pueda ser una de las opciones de entrega de bienes y servicios debe ser considerada y analizada para poder escoger la que mejor se adecúe al proyecto. La OCDE ha ayudado a otros países a implementar grandes proyectos de infraestructura, como el nuevo aeropuerto de México o la Exposición de Milán 2015 en Italia.

-Para la OCDE, ¿cómo es un proceso de contratación exitoso?

-La experiencia de la OCDE muestra que un sistema de contratación pública exitoso incluye: 1. Reglas y procedimientos claros, simples y que garanticen un acceso a las oportunidades de contratación. 2. Instituciones efectivas que lleven a cabo procedimientos de contratación y planeen, concluyan, administren y monitoreen las contrataciones públicas. 3. Herramientas electrónicas apropiadas. 4. Recursos humanos suficientes, tanto en número como en destrezas para planear y llevar a cabo procesos de contratación. 5. Administración de contratos competentes.

-¿Cómo se debe hacer el seguimiento y el control de las obligaciones de los contratistas?

-Hemos identificado que algunas veces la falla no está en la ejecución; la falla empieza en el diseño del contrato y la asignación del riesgo. El contratista tiene que entender que trabajar con el Gobierno no implica necesariamente que sea una actividad sin ningún tipo de riesgo. Reunirse desde el principio con los proveedores, explicar y dirigir adecuadamente la asignación del riesgo entre las partes y los objetivos y expectativas del contrato, esto de la mano con una administración de contratos competente y el monitoreo son factores claves para monitorear de manera efectiva las obligaciones de los contratistas.

-¿Cuál es la importancia de fortalecer las plataformas tecnológicas de contratación en Colombia?

-En cualquier país es importante fortalecer el sistema de contratación usando la tecnología adecuada para promover la transparencia, integridad y responsabilidad en obtener eficiencia y desempeño. Colombia está en la dirección acertada al mejorar la integración del sistema actual y con la incorporación de la segunda fase del Secop, la cual es una plataforma completamente transaccional de principio a fin, permitiendo una cobertura comprensible del ciclo de contratación y la valoración de las necesidades hasta la ejecución del contrato y el pago.

-¿Qué aspectos debe tener en cuenta un gobernante para garantizar procesos de contratación transparentes y efectivos?

-La contratación pública es la actividad más relevante para que un gobierno impacte en la economía. En este sentido, las compras públicas son un pilar crucial de la estrategia de gobierno para cualquier administración pública. En 2015, la OCDE adoptó las recomendaciones del Consejo de Compras Públicas, que contienen doce principios integrados e interconectados que todo sistema de compras públicas debería observar, y comprenden la transparencia de participación, la eficacia en el desempeño y la responsabilidad o integridad en las compras públicas.