En el último año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha solicitado antejuicio contra diputados y jueces por señalamientos de actos de corrupción, a estas investigaciones no han escapado funcionarios del Ejecutivo.

Acción Ciudadana (AC) detalla que han hecho el diagnóstico de cuántas recomendaciones le ha presentado el sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención y resulta que son 105 recomendaciones, de las cuales Guatemala no ha cumplido ni el 10%.

“El país solo se suma a estos convenios firmándolos pero no tiene ningún compromiso producto de gobiernos que ni conocen estos instrumentos y segundo, obviamente tampoco les interesa porque a la mayoría de los gobiernos quieren hacer negocios y no frenar la corrupción”, afirma AC.

Agregó que el actual gobierno fue un partido –Patriota- que se organizó para saquear al Estado y por ella era evidente que la política sería el fomento de la corrupción.

“Eso seguramente nos hundirá en la calificación del país en los índices internacionales en temas de transparencia, lo cual hace cada vez menos atractiva a Guatemala para la inversión extranjera. Porque un país donde hay mucha corrupción no le interesa a un inversionista sano, sino a las mafias que ven al país como un paraíso”, puntualizó AC.

Para José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) es crítico y preocupante por ser uno de los principales problemas sistémicos, estructurales y endémicos del Estado y como reflejo de ello se llegado a la actual crisis política donde la corrupción se ha hecho más que evidente.

También mencionó que los procesos de antejuicio que se han iniciado a solicitud de la Cicig contra diputados, jueces y funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo, “por un lado esto tendrá un impacto en los índices y calificaciones internacionales que miden la corrupción en el mundo y en el país”, dijo Sanabria.

Explicó que no basta el hecho de que se denuncie este tipo de estructuras que están incrustadas en el Estado sino que se les juzgue porque la población así lo demanda.

Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Ieccpg) señaló que el incumplimiento por parte del país es meritorio de una sanción internacional pero además afecta las inversiones extranjeras.