San José. El gobierno de Costa Rica emitió una directriz mediante la cual pretende bajar gastos en las instituciones del Estado y congelar la mayoría de las plazas vacantes como medida para combatir el déficit fiscal.

La directriz fue firmada por el presidente del país, Luis Guillermo Solís, y su vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien dijo hoy en una conferencia de prensa que el objetivo es ahorrar unos 42.000 millones de colones (US$77 millones anuales).

La orden del Ejecutivo incluye congelar el 85% de las plazas vacantes en el sector público, lo que supondría un ahorro de US$40 millones, explicó Fallas.

Los restantes US$37 millones de ahorro provendrían de la la reducción de un 20% en los gastos operativos de las instituciones estatales.

La directriz también estipula que los ministros, viceministros, presientes ejecutivos, gerentes y subgerentes del sector público no recibirán aumentos salariales.

Tampoco se crearán nuevas plazas, con excepción de "casos calificados", ni se podrán comprar vehículos para altos funcionarios.

"Durante la vigencia de la directriz, los jerarcas no podrán adquirir vehículos ni sustituir los que tienen, salvo casos de pérdida total, vehículos para emergencias o policiales", indica la orden.

El Gobierno también revisará todos los contratos de alquiler de edificios y equipo de cómputo, para lo que en el 2014 existe un presupuesto aprobado de unos US$50 millones.

Costa Rica enfrenta un déficit fiscal desde del año 2008 que ha venido creciendo paulatinamente hasta alcanzar en el 2013 aproximadamente US$2.650 millones, equivalentes a un 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el 2014, la proyección de las autoridades monetarias del país es que el déficit sume cerca del 6% del PIB.

El Gobierno de Solís, que comenzó funciones en mayo pasado, ha anunciado que durante sus primeros dos años de mandato trabajará en reducir gasto, fortalecer las herramientas de recaudación y combatir del evasión.

Posteriormente, las autoridades impulsarán reformas a algunos impuestos como la transformación del impuesto de ventas en uno de valor agregado que permita aumentar la base de recaudación y modernizar el sistema.