Implementar un esquema de Seguridad Social Universal sacaría a 10.8 millones de personas de la pobreza en México, de acuerdo a estimaciones del observatorio México ¿cómo vamos?

En la presentación “Propuestas para lograr avanzar en materia económica”, el observatorio calculó que el porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasaría del actual 42.6 por ciento a 37.2 por ciento, y en lo que se refiere a pobreza extrema, se pasaría de 9.5 por ciento a 4.6 por ciento de la población, es decir, una reducción de 5.9 millones de personas.

Viridiana Ríos, directora general del observatorio, señaló que esta decisión implica una reforma fiscal profunda, que tiene que pasar por la eliminación de muchas de las exenciones fiscales actuales, aunado a ello mejorar la calidad del gasto público para que pueda implementarse de manera efectiva.

Es un asunto complejo de debatir y mucho más de implementar, pero se pueden dar los primeros pasos, como discutir la necesidad de generalizar el IVA, es decir, enfocarse más en impuestos al consumo y menos en impuestos al trabajo”, señaló Ríos.
Asimismo, resaltó la necesidad de implementar un mejor gasto público, de modo que por esta vía se pueda resarcir la pérdida de bienestar que experimentaría la población, en particular a los hogares de más bajos ingresos.

Señaló, incluso, que el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estimado que con un esquema de transferencia dirigido a los deciles más bajos, el impacto en la reducción de la pobreza sería mayor.

Coneval proyecta que con esquema de transferencias debidamente implementado, el esquema universal reduciría la pobreza hasta 34,2% de la población”, señaló.

Otras medidas. Viridiana Ríos dijo que también deben haber políticas públicas que coadyuven al desarrollo económico de zonas históricamente rezagadas como el sureste del país, donde la propuesta presidencial de Zonas Económicas Especiales es un buen paso, pero del cual “necesitamos más información para que la sociedad civil participe con mejores propuestas”.

En tanto que Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo que es necesario llevar instituciones y Estado de derecho a los estados pobres, donde se eliminen ciertos usos y costumbres que violan derechos humanos e inhiben la actividad económica.

Llevar una economía del siglo XXI a estados con instituciones del siglo XVII no va a tener ningún impacto en esas regiones”, apuntó.