Tegucigalpa.  El 4,7% de déficit fiscal que tiene el Presupuesto General de la República indica que el gobierno deberá encontrar una fuente de ingresos para cubrir un abismo fiscal estimado en unos US$981,1 millones, según estimó el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Roldán Duarte.

Las declaraciones las brindó el dirigente gremial en el marco de un evento auspiciado por organizaciones de la sociedad civil en donde se debatió el impacto económico que tiene en los consumidores la aplicación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión.

Duarte fue del parecer que el déficit fiscal -diferencia entre los ingresos corrientes y el gasto público- para un país como Honduras debería ser de un 3%, pero, el año anterior fue superior al 6%. El secretario de Finanzas, Wifredo Cerrato, ha expresado que podría ser superior a 6 e inferior a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de estas declaraciones, economistas independientes son del parecer que el agujero fiscal que el nuevo gobierno del presidente Juan Hernández hereda es superior a los US$1.128 millones y que será insuficiente allanarlo con los recursos que se obtengan de este paquete de medidas fiscales.

Para el presidente del CHE, los contribuyentes pueden ser cobijados con la aplicación de nuevas alzas al Impuesto sobre Ventas (ISV), a los tributos cargados al precio de los combustibles y a otras medidas ensayadas de manera reciente en el Congreso Nacional.

Para el economista, el peso de la deuda pública es considerable porque en el Presupuesto General de la República se consigna para este servicio unos US$1.471 millones. Un 45% es para el pago de capital y el resto para intereses, es necesario readecuar el saldo de la deuda pública.

Por su parte, el representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Hugo Noé Pino, expresó que el impacto de estas medidas comenzará a medirse a partir del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Honduras, mediante el cual se monitorea el comportamiento de la inflación y de los precios de los alimentos y demás bienes de consumo.