Las cuentas fiscales de Costa Rica enfrentan un desafío que se traduce en un aumento récord en su déficit fiscal, el cual se encamina a la barrera de los 6,7%, la mayor en 25 años.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), estima que el exceso de gastos sobre ingresos en el sector público global representará 6,7% de la producción, el mayor faltante registrado entre 1987 y 2012.

Según el portal Nación.com, la última vez que el país topó con un déficit de magnitud similar, fue en 1994, cuando alcanzó 6,4% de la producción, lo cual impulsó la aprobación de varias leyes en 1995.

Edna Camacho, ex ministra de Hacienda, considera que pese a topar con el mayor déficit, no necesariamente es la reforma lo más urgente.

“Creo que habían sido más urgentes en el pasado porque el peso de la deuda y del pago de intereses eran más altos que en la actualidad (...) Eso no quiere decir que tengamos que estar con ‘el agua en el cuello’ para impulsar una reforma y en ese sentido, las autoridades actúan con previsión”, comentó Camacho, quien estuvo en Hacienda entre 1998 y 2001.

El ex ministro de Hacienda (1998-2001), Leonel Baruch, considera difícil determinar cuál es, o fue, la reforma más urgente.

“Lo que me parece importante recalcar es que es necesario incrementar los ingresos fiscales en la situación actual, en un escenario particular de bajo crecimiento económico, donde la parte tributaria podría tener elementos que no contribuyan con el necesario crecimiento de la economía”, opinó.

El también ex ministro de Hacienda, Alberto Dent (2003-2004), señaló que lo que hace necesaria la actual reforma es el deterioro que enfrenta el déficit primario (exceso de gastos sin intereses menos los ingresos), el cual representa cerca de 1,5% de la producción interna.

El actual ministro de Hacienda, Fernando Herrero, argumenta que el gobierno redujo en un punto el déficit, mediante el control del gasto y la mejora en la recaudación, pero alega que no se puede continuar recortando erogaciones sin afectar negativamente proyectos de inversión o servicios públicos fundamentales que brinda el Estado.