Abuso en las modificaciones presupuestarias, en los pagos de deuda pública y violación al principio del manejo de caja son parte del génesis del descalabro financiero del gobierno y que han quedado en la impunidad.

Estas conclusiones constan en el informe Impunidad, el verdadero problema presupuestario en Honduras que publicó el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

En el documento se hace una serie de análisis del irrespeto al marco legal presupuestario por parte de las instituciones públicas.

El atropello en el Presupuestos General de Egresos e Ingresos de 2012 llegó al grado que las modificaciones, que deben ser consideradas como excepción, fueron reglamentadas para que se realizara un máximo de 40 cambios por trimestre.

El presupuesto aprobado para 2012 fue de 144.338 millones de lempiras (US$7.145 millones), pero al final se ejecutaron más de 150 mil millones (US$7.425 millones).

Instituciones como el Programa de Asignación Familiar (Praf) tenía presupuestado gastar de enero a noviembre de 2012 un total de 1.200 millones de lempiras (US$59,4 millones), pero al final erogó 1.800 millones (US$89,1 millones), según consta en el portal web de la Secretaría de Planificación.

El Fosdeh explica que en 2011 el pago de la deuda pública representó el 16% del presupuesto y para el 2013 casi el 20%, en contraste la inversión pública, en promedio, es de apenas un 10%.

En ese mismo período, al Banco Central de Honduras (BCH) se le consignaron 2.983 millones (US$147,6 millones), pero ejecutó 4.162 millones (US$206 millones).

Igualmente, el Instituto de la Propiedad gastó 483 millones (US$23,9 millones) cuando lo presupuestado era 270 millones (US$13,3 millones). Estos cambios evidencian la “inexistencia de una verdadera política presupuestaria a la cual debe de sumarse el proceso de elaboración del presupuesto de cada año”, según el informe del Fosdeh.

Decenas de gremios reclaman el pago de salarios atrasados y casas proveedoras ejercen presión para que se les honren sus deudas de una forma que no se había visto antes, lo que evidencia que el gobierno tocó fondo en materia económica.

Caja. El estudio del Fosdeh también señala que existió una violación al manejo de la caja única, por medio de la Tesorería General de la República, que el gobierno debe utilizar para canalizar los desembolsos.

Existió entonces violación del principio de “unidad de caja” o “caja única” favoreciendo la creación y dispersión de cajas chicas o asignaciones especiales que se convierten, al final, en una fuente grande de gastos extrapresupuestarios.

De la misma forma hubo abuso de mecanismos de apertura de “cuentas especiales” en el Banco Central de Honduras, lo que debilitó el control sobre el gasto.

El gobierno programa ingresos alejados de la realidad, por lo que al final no puede sostener el presupuesto, dice el Fosdeh en su estudio.

“Existe una sobreestimación de los ingresos fiscales a nivel de presupuesto, lo que no permite una asignación realista de los recursos y posteriormente influye en ampliaciones presupuestarias que tienen que ser atendidas a partir de bonos de deuda pública. La forma en que se maneja el erario atenta contra la estabilidad del presupuesto al designar cada vez más recursos a la deuda pública.

El Fosdeh explica que en 2011 el pago de la deuda pública representó el 16% del presupuesto y para el 2013 casi el 20%, en contraste la inversión pública, en promedio, es de apenas un 10%.

El Fosdeh también condena que ha existido utilización de recursos públicos como trampolín político, “puesto que se orienta todo el quehacer institucional para un fin privado”.

Otro factor clave que ha generado la crisis financiera es que se comprometen gastos fuera de los recursos del presupuesto cuando lo legal es que todo gasto se realice siempre y cuando esté consignado.

La creación de nuevas asignaciones de gastos o incrementos solo será posible si se cuenta de manera precisa con la fuente de financiamiento y siempre se requerirá la opinión de la Secretaría de Finanzas, procedimiento que ha sido constantemente violado por el gobierno, según el informe.

A las entidades encargadas de formular el presupuesto, el Fosdeh las cataloga como deficientes en sus trabajos y que ello se ve en los resultados en el manejo de la cosa pública.

“No existen orientaciones estratégicas por parte del Gabinete Económico, (y) el acompañamiento de la Secretaría de Planificación sigue siendo en niveles muy bajos”, acota el informe.

Pese a que el Presupuesto es aprobado en una sesión abierta en el Congreso Nacional, no hay acceso a que la población haga sus recomendaciones para la estructuración de ese instrumento, pues el anteproyecto del mismo es secreto.

“Es un presupuesto que se discute a puertas cerradas la ciudadanía no participa del proceso de elaboración y algunos documentos que soportan el diseño presupuestario no están disponibles para el público”.

Por esa razón es que el Fosdeh sostiene que Honduras no cuenta con una política presupuestaria.

Contrataciones. El gobierno ha recurrido de forma indiscriminada a decretos de emergencia para hacer contrataciones directas sin respeto a la Ley de Contratación del Estado, detectó el Fosdeh.

“La falta de rigor en la calificación de las declaraciones de emergencia o en los controles previstos por la legislación pueden determinar contrataciones innecesarias, desproporcionadas, con sobre costoso sin la calidad requerida, todo ello en perjuicio de las finanzas públicas” .’

El manejo del Presupuesto ha estado plagado de irregularidades, pero el Fosdeh dice que es caso imposible determinar cuánto se despilfarra o pierde el Estado por estas anomalías.

“Pareciera ser interminable y poco factible establecer una sola cifra que cuantifique el costo total del despilfarro. Esta sería una tarea difícil y hasta tenebrosa de calcular, por su tamaño y por los sentimientos de indignación y frustración que puede causar en la población.

Impunidad. El mal uso de los fondos del presupuesto se agrava y va en aumento porque las autoridades no aplican la ley contra quienes cometen estas anomalías, asegura el Fosdeh.

“Existe a falta de deducción de responsabilidades a funcionarios públicos que, en promedio, provocan una deuda flotante de 12 mil millones de lempiras (US$594 millones) sin explicar por qué este gasto y el impacto del mismo”.

“Pese a la gravedad del problema, hasta el momento no hay ningún funcionario en la cárcel, ni los recursos robados han sido devueltos a las arcas del Estado, remarca el informe.

Las presiones salariales de los gremios y la duplicidad de funciones también ha lacerado las finanzas públicas, asegura el documento.

Esta radiografía del presupuesto denota, en resumen, que el gobierno mantiene un pésimo sistema de control interno sobre el uso de los recursos públicos.

Números rojos asfixian a empresas gubernamentales

A las empresas públicas les corresponde una participación en el incremento del presupuesto correspondiente del presente año por el orden de un 17,9% del presupuesto de la entidades descentralizadas, que asciende a 75.648,957 millones de lempiras (US$3.744 millones apróx).

Es en esta oportunidad que, de una manera histórica, el Congreso Nacional ha determinado postergar la aprobación de ocho empresas públicas que generan unos 8.000 millones de lempiras (US$396 millones) en pérdidas anuales.

A estas empresas se les ha dado un plazo de 60 días para que diseñen un plan de salvamento financiero. En caso contrario, el primer poder del Estado no les aprobará su presupuesto correspondiente al presente año. Las Secretarías de Salud, Educación y la Casa Presidencial, así como el Congreso Nacional, son también llamadas a hacer un uso racional de su asignación presupuestaria.