Con un porcentaje del 21,29% contra el 20,33% de finales de diciembre, el desempleo casi iguala el nivel del primer trimestre de 1997 (21,30%), y sigue siendo el más elevado entre los países de la OCDE.

El desempleo en España se disparó casi un punto en el primer trimestre, hasta llegar al 21,29%, su nivel más alto desde comienzos de 1997, según cifras oficiales publicadas este viernes, poco antes de que el gobierno aprobara un plan contra la economía sumergida.

A finales de marzo, España se acercaba a la simbólica cifra de los 5 millones de desempleados, con 4,91 millones de personas en busca de trabajo, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística.

Con un porcentaje del 21,29% contra el 20,33% de finales de diciembre, el desempleo casi iguala el nivel del primer trimestre de 1997 (21,30%) y sigue siendo el más elevado entre los países de la OCDE.

Pocas horas después de la publicación del dato, el Consejo de ministros aprobó un plan para luchar contra la economía informal, que representaría casi una cuarta parte del PIB del país y varios millones de empleos no declarados.

Un informe publicado a inicios de marzo por la Fundación de cajas de ahorro españolas (Funcas) calculaba el trabajo "en negro" en un 17% del PIB y en 4 millones de empleos.

El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) estimó la economía subterránea en 23,3% del PIB, es decir unos 245.000 millones de euros, de los cuales dos tercios (161.500 millones) de fraude fiscal.

Un tercer estudio, publicado a finales de 2010 por Visa Europa, hacía un cálculo parecido, valorando la economía subterránea en 205.000 millones de euros, es decir 20% del PIB español.

"El tamaño de la economía sumergida en España está entre los más altos de la OCDE, con Portugal, Grecia e Italia", afirmó Javier Díaz Giménez, economista de la IESE Business School. El experto la achaca a los escasos controles y sanciones, combinado con costos de mano de obra elevados, susceptibles de incitar a la ilegalidad.

"Claramente, cuando tienes mucha economía sumergida, todos los datos (oficiales, ndr) están falseados" y "al final te puede quitar 2, 3 o 4 puntos del paro".

"La tasa de paro real seguro que no es un 20%", afirma Carlos Sebastián, profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid. "Yo diría que la tasa de paro real está entre el 10 y el 15%", añade y cita los tres sectores propicios para el trabajo "en negro": la construcción, los servicios y la agricultura.

Esto podría explicar la ausencia de conflictividad social, en un país en el que 1,39 millones de hogares cuentan oficialmente con todos sus integrantes desempleados.

Es difícil conocer el impacto exacto de la economía sumergida en la tasa de desempleo, porque los que trabajan "en negro" también pueden declararse como trabajadores legales (lo que puede ser cierto si acumulan actividades legales e ilegales), en busca de trabajo o inactivos.

En cualquier caso, hay dos efectos probados: "menos recaudación fiscal" e "infravaloración del PIB", destaca Carlos Sebastián.

Dichas consecuencias son perjudiciales para la economía española, que lucha por superar la crisis, después de un año 2010 en el que la actividad se contrajo 0,1%.

Al mismo tiempo, el Gobierno se esfuerza en reducir drásticamente el déficit público, que el año pasado fue de 9,2% del PIB, y que según sus previsiones alcanzará 6% este año, 4,4% en 2012, 3% en 2013 y 2,1% en 2014.

El plan de lucha contra la economía sumergida aprobado este viernes incitará a las empresas infractoras a regularizarse, aunque contrariamente a los dos planes precedentes, de 1984 y 1991, "no habrá amnistías", aseguró el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

"Durante tres meses, hasta el 31 de julio del presente año, se mantendrán las actuales multas, las actuales sanciones para trabajadores y empresarios en caso de empleo irregular, pero trascurrido este período de tiempo, estas sanciones se endurecerán muy significativamente", explicó el ministro.

El ministro precisó que las empresas que regularicen voluntariamente su situación sólo pagarán la cantidad debida a partir de la fecha de regularización, y no por los períodos anteriores. También gozarán de ayudas públicas sólo a partir de esa fecha.