Desde el 1 de enero del próximo año, el Salario Básico Unificado (SBU) se incrementará en $ 28 y pasará de $ 264 a $ 292, definió ayer el Ministerio de Relaciones Laborales.

El aumento representa un 10,6% frente al salario que rige hasta el 31 de diciembre, un porcentaje promedio que se ha mantenido en los últimos cuatro años.

El ministro Richard Espinosa fijó el nuevo valor debido a que los empleados y empleadores no lograron un acuerdo para el incremento dentro del Consejo Nacional de Salarios (Conades), reunido en dos ocasiones.

Espinosa explicó en rueda de prensa que el incremento consideró dos componentes: la inflación proyectada del 2012, 5,14% (equivalente a US$13,57) y la productividad calculada en 5,43% (US$14,34).

La propuesta inicial de los trabajadores fue de US$100 y de los empresarios del 4%, equivalente a unos $ 10, refirió el ministro. “El incremento del mínimo salarial, además de alcanzar a cubrir todas las necesidades con un mejor poder adquisitivo busca una distribución salarial más equitativa, estimula el consumo que dinamiza la economía y las empresas no pueden basar su rentabilidad en salarios bajos”, explicó Espinosa.

Además dijo el funcionario, el aumento se sustenta en las 23 mil inspecciones realizadas a las empresas del país en el año que termina.

Esos controles sistematizados aseguran “que las determinaciones en materia salarial se apliquen. Recordemos que en la época de la partidocracia ni siquiera se realizaban 500 inspecciones al año, ahora se ha dado ese quiebre para llegar a esa verdadera revolución laboral, revolución salarial”, dijo.

Bernardo Acosta, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industriales, consideró ese aumento como excesivo. “La fijación salarial como política debería tender a buscar empleo pleno, que la mayoría pueda acceder a él; no desplazarlo”, expresó, al tiempo de recordar que existe un 48% de subempleo y un 6% de desempleo.

“Nosotros (la Cámara de Industria de la Producción) estuvimos analizando la inflación y la economía y el aumento no debía ser del 10%”, manifestó. Acosta rememoró además que el año pasado el alza también fue en ese mismo porcentaje.

Bruno Leone, vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesquería, en cambio, opinó que este incremento de 10,6% es el tercero que realiza el Gobierno y por encima de la inflación. “La gente debe ganar más, sí, por supuesto, pero en función de la realidad de la competencia de las empresas. Si seguimos incrementando los salarios fuera de una realidad económica y de competencia para poder sacar los productos al mercado de una forma competitiva, lo que podría pasar es que se puede poner en riesgo el trabajo de las personas”.

Mientras, Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, dijo que ven con absoluta preocupación el aumento porque la prioridad ante todo es que el salario esté atado a una valoración de carácter técnico.

Aseguró que pese a ese malestar, el sector al que representa va a cumplir con lo resuelto, “pero es importante generar un proceso de estímulo a la actividad privada para que el desarrollo productivo vaya más allá de exclusivamente ciertas medidas de ajuste al sector empresarial”.

Carlos Sánchez, representante de los trabajadores ante el Consejo de Salarios, en cambio, recibió con indignación el anuncio.

“No recibimos con sorpresa porque preveíamos un incremento en esas características. Los US$28 equivalen a 93 centavos diarios de alza y no hemos pedido limosna. Pedimos salarios dignos”, refutó.

A su criterio, ese aumento no equipara el costo de la canasta básica familiar, de US$572,35 a noviembre pasado.

Para el ministro, sin embargo, las diferencias que existían entre el salario básico (más todos sus componentes) y el salario digno (equivalente a la canasta básica y dividido para 1,6 perceptores) se acorta y para el siguiente año la brecha solo sería de cinco dólares.

Espinosa agregó que hay 150 mil trabajadores del servicio doméstico y 180 mil hogares con capacidad de pago.