Quito. El plan para eliminar al menos 7 de 22 empresas públicas entra en análisis, en medio de problemas de baja de ingresos, pérdidas, necesidad de transferencias desde el Estado y una nómina que llegaba a 40.182 personas a noviembre. Aunque en el último año se redujo el déficit de estas entidades.

El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno: “Hasta el 2020 suprimiremos 7 de las 22 empresas públicas de la Función Ejecutiva. Se mantendrán únicamente las que sean rentables, económica y socialmente, con participación de inversiones privadas –de ser necesario– mediante la figura de empresas mixtas”, dijo.

¿Pero cuáles son las empresas que deberían cerrarse o fusionarse y cuáles serán apetecibles para el sector privado? La respuesta es aún incierta. La falta de información de su verdadero estado es un obstáculo, dice Roberto Anker, director de la consultora Proventus, experta en temas empresariales.

Daniel Steiner, también miembro de Proventus, comenta que es necesario tener un diagnóstico a fin de entender el tipo de empresas públicas existentes. El experto cree que a estas se las puede dividir en sociales, estratégicas y otras sin perfil definido.

De los datos que son públicos se conoce que el Estado en vez de recibir recursos desde esas empresas les entregó US$356 millones en el 2017, cifra inferior a la del 2016 (US$590 millones).

Según Steiner, es necesario que se haga un estudio riguroso a través del cual se pueda establecer qué requiere cada empresa para ser rentabilizada y conseguir un proceso exitoso.

De los datos que son públicos se conoce que el Estado en vez de recibir recursos desde esas empresas les entregó US$356 millones en el 2017, cifra inferior a la del 2016 (US$590 millones).

Además, los ingresos bajaron: mientras en 2016 fueron de US$12.284,8 millones, en el 2017 sumaron US$11.922,9 millones, es decir, US$361 millones menos.

El resultado de las operaciones de las empresas terminó en números negativos en 2017: - US$86 millones. Pero eso refleja una recuperación, pues en el 2016 fue de - US$1.575 millones.

Cristian Cavicchiolo, gerente de EMCO EP, indica que este año hubo un conjunto de medidas para su optimización, como una reducción de gasto y maximización de rentabilidad.

Esto, dice, tomando en cuenta que hay unas que son de servicio social y que no cobran, por ejemplo, Casa para Todos. En cambio, se ha buscado maximizar la rentabilidad para las que sí cobran los servicios.

Un ejemplo de un mejor comportamiento en las empresas es EP Petroamazonas, dice su gerente, Álex Galárraga.

El ejecutivo explica que en 2017 se cerró con gastos de US$2.600 millones lo que representó una reducción de US$2.070 millones respecto del 2016. “Logramos un ahorro en las operaciones y continuamos con la misma producción”.

Según Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la recuperación de las empresas en 2017 puede deberse al precio del crudo, pues Petroecuador es parte de este portafolio. Pero opina que la recuperación de la petrolera no oculta el mal funcionamiento de las otras.

Acosta cree que el hecho de que el Estado haya hecho transferencias significa que los ciudadanos estamos financiando ineficiencias. Considera que las empresas que no han sido manejadas con criterio de largo plazo, sino políticamente.

Según el analista, el proceso de eliminación y fusión debe ser asesorado por una Banca de Inversión independiente a fin de que pueda hacer una valoración correcta.