Desde el mes de noviembre del 2010 en adelante, la institución logró un acuerdo de pago prorrogado a diez años plazo, a una tasa de interés del 7,5%.

El presidente del directorio de la entidad, Ramiro González, sostiene que el actual gobierno pagó alrededor de US$888 millones por deudas atrasadas, mientras que de enero a noviembre de 2010, el Estado canceló US$360 millones.

Desde el mes de noviembre del 2010 en adelante, la institución logró un acuerdo de pago prorrogado a diez años plazo, a una tasa de interés del 7,5 %.

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, dio a conocer que actualmente está en proceso de definición la deuda que tiene el Estado con el IESS. “Estamos haciendo un estudio técnico para concretar la cifra y así poder llegar a un consenso este año. En base a eso haremos los pagos”, dijo

El problema de la deuda obedece a que el Estado ecuatoriano nunca ha pagado el tema de salud a la entidad. Según el ministro de Finanzas, están por establecer las metodologías, “porque el pago indebido con recursos públicos puede generar responsabilidad legal para todos los que intervenimos en el proceso”.

Para el presidente del directorio del IESS, la seguridad social en Ecuador ha crecido enormemente. Tal es así que tiene 2,5 millones de afiliados a nivel nacional. Ese número representa ocho activos por cada afiliado; es decir que el seguro social ecuatoriano es totalmente solvente. Sin embargo, la meta de este año es de 3 millones de afiliados.

Otro elemento favorable en el IESS es que la mayoría de afiliados son jóvenes, debido a que la edad promedio de los asegurados bordea los 35 años.

Según el funcionario, esto es positivo, siempre y cuando no se cometan “errores” como incrementar demasiado las pensiones o “locuras”, como jubilar a las mujeres tras 25 años de aportación.

Ramiro González aclaró, finalmente, que preparan una propuesta a la Asamblea Nacional para que los empresarios que tienen mora patronal puedan cumplir con los pagos, pues el objetivo de la obligatoriedad de la afiliación al IESS no es perseguir a los empresarios, sino hacer respetar un derecho del trabajador.