Las sanciones dispuestas en la Ley de Control de Poder del Mercado (conocida como Ley Antimonopolio) preocupan a los empresarios, pues especialistas indican que los parámetros para su aplicación no son claros y dejan lugar a la interpretación.

Entre los temas que más expectativas generan está la posibilidad de la implementación de sanciones sin techo o las sanciones gremiales. Además de los costos de las multas de entre el 8% y el 12% del volumen de negocios.

René Sánchez, especialista en temas antimonopolio, explica que, según la normativa, si no se puede calcular el volumen de negocios de una empresa y esta tiene una infracción muy grave, el monto a pagar se puede cobrar desde las 40 mil remuneraciones básicas unificadas (unos $ 11,68 millones).

Sánchez remarca que el peligro de esta disposición es que no existe techo para el cobro y tampoco se especifica cuáles serían las razones para no poder obtener el volumen de negocios de una empresa.

Por ello cree que el Gobierno debe indicar cuáles serán las fórmulas para imponer las sanciones. Agrega que en ese artículo también aplicaría a personas y no solo a empresas.

Las multas a personas naturales por infracciones empresariales aparecen por primera vez en esta ley.

En el artículo 80 se indica que se podrá imponer multas de hasta 500 remuneraciones básicas unificadas ($ 146 mil) para los directivos que han incurrido en infracciones muy graves o en los acuerdos de una conducta infractora.

Según Christian Viteri, director de la maestría de Derecho de Empresas de la Universidad Católica de Guayaquil, en otros países las leyes de control de mercado también tienen sanciones elevadas e incluyen a las personas entre los infractores.