El proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza llegó a la Asamblea Nacional con al menos tres cambios, en comparación con el primer proyecto explicado en la sabatina del 30 de mayo pasado por el presidente Rafael Correa.

Entre las flexibilidades están reducir la tarifa para los herederos directos, una exoneración para casas que sean para habitar de un valor de hasta US$70.800 y la posibilidad de donar acciones a los trabajadores.

El sábado pasado, el presidente informó que las viviendas heredadas para habitar podrán deducir su impuesto hasta un máximo de 200 salarios básicos o US$70.800. El 30 de mayo indicó que las viviendas de más de $ 35.400 ya debían pagar impuesto. En ese momento, analistas señalaron como contradicción que se graven también casas que el Gobierno considera de interés social (de US$24.000 a US$40.000).

Con el cambio se excluirían las viviendas de interés social y las de interés público (de hasta US$70.000), cuya compra ha empujado el Gobierno a través de la baja de tasas de interés.

Sobre el tema, Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, dijo que si bien hay una flexibilidad, existen personas que han considerado como una buena fórmula para ahorro la inversión en bienes raíces.

Piensa que si se aprueba la ley, esta desincentivaría al sector, pues el mensaje que se envía es de castigo para el esfuerzo de los padres y la herencia que quieren dejar a los hijos.

Además, el presidente Correa introdujo una segunda tabla: una tasa marginal que va del 2,5% al 47,5%. Esta se aplica solo a los herederos directos (padres, hijos, abuelos, nietos).

El 30 de mayo había presentado una tabla desde 2,5% hasta 77,5%; que se mantiene para herederos no directos (sobrinos, primos, ahijados).

Ambas tablas siguen siendo altas en comparación con la de hasta 35 % que rige actualmente, tomando en cuenta que las tarifas para herederos directos en la actual ley solo pagan la mitad de dicha tabla.

Para Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el proyecto enviado, que ha empezado a ser analizado por los gremios, será el “punto de partida para conversar”. Sin embargo, la posición de Alarcón es que el impuesto a la herencia actual de 35% es uno de los más altos del mundo, por lo que no se ve la necesidad de incrementarlo.

Aunque en un principio el presidente Correa había mencionado que si los herederos de una empresa no tenían para pagar el impuesto podrían vender las acciones y así democratizar los medios de producción, en el proyecto se establece la donación de esas acciones a los trabajadores por un valor equivalente al impuesto y el Estado no recibiría un centavo.

Alarcón piensa que esto no debe ser obligado y comentó: “A nadie le gusta que le regalen las cosas”. Habrá muchos trabajadores que no quieran dichas acciones, pues estas también representan obligaciones como, por ejemplo, de aportación de capital, agregó.

Mientras, Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, opinó que toda propuesta laboral debería ser consensuada con los trabajadores.

El proyecto incluye otras exenciones para personas con discapacidad y menores de edad a fin de que paguen menos impuesto.

El proyecto de ley fue presentado el viernes a las 20:44. La Asamblea tiene 30 días para aprobarlo o negarlo, según la Constitución.

La Comisión de Régimen Económico, presidida por Virgilio Hernández (AP), tendrá diez días para tratar la ley y emitir el primer informe